El defensor del Pueblo adjunto, Ricardo Vargas, expresó ayer su preocupación por el incremento del número de detenidos en las cárceles panameñas, que en estos momentos alcanza la cifra de 11 mil 458 reclusos, de los cuales 200 están contagiados con el VIH/SIDA.
Indicó que a pesar que el 30 de julio de este año se aprobó la Ley 55 que organiza el Sistema Penitenciario, hay que darle un tiempo para que se vaya materializando, sin embargo, dijo, no es la ley la que va a resolver los niveles críticos de hacinamiento que se vive en las cárceles panameñas.
Sostuvo que hay un conjunto de acciones que deben valorarse y una estrategia que deben definir las autoridades encargadas de las políticas públicas en este sentido, como lo son el Ministerio de Gobierno y Justicia, a través de la Dirección General del Sistema Penitenciario.
Precisó que tiene que haber una propuesta o una política pública integral que tienda más a la prevención que a la represión, haciendo partícipe del tema al Órgano Judicial, al Ministerio Público y al Ministerio de Salud, entre otras instituciones.
Sostuvo que la atención de salud para los detenidos es preocupante, pues la Defensoría recibe a diario muchas quejas de parte de los privados de libertad con relación a este tema.
Indicó que recientemente los medios dieron a conocer el fallecimiento de dos personas en la cárcel de Colón, pero no se ha dicho de qué han muerto esas personas, pero de hecho las muertes se produjeron por la pandemia del SIDA que también se está reflejando en las cárceles panameñas.
Destacó que la Defensoría del Pueblo maneja cifras de reclusos con VIH y SIDA superior a los 200, tal como ellos mismos lo manifestaron en el censo realizado por la institución. Muy por encima de las 64 personas que manejan las autoridades.
Dijo que en este tema hay muchas dificultades, por lo que debe darse una mayor comunicación entre el Ministerio de Salud y el Sistema Penitenciario.
Luego participarán en la sesión legislativa, donde expondrán el tema.
