Más de 250 funcionarios declaran bienes patrimoniales

LUEGO QUE el contralor, Dani Kuzniecky ordenara la retención del salario, la quincena pasada, a 862 servidores públicos por no presentar su declaración de bienes patrimoniales unos 260 funcionarios, en esa condición, decidieron cumplir con ese requisito
Datos proporcionados por la Contraloría revelan que hasta el 14 de octubre pasado, mil 461 funcionarios de un total de 2 mil 63, habían presentado su Declaración Jurada de Estados Patrimoniales (DJEP).
Los 602 funcionarios que hasta la fecha, no han cumplido tienen sus cheques retenidos y hasta que no presenten su declaración, no recibirán su pago.
La "sanción" aplicada a estos servidores públicos por incumplir con esta disposición, está tipificada en el Artículo N°4 de la Ley 59 de 29 de diciembre de 1999, que establece la retención del salario a los que teniendo la obligación de presentar una DJEP, no lo hacen.
La medida de retención de cheques aplica a los funcionarios del gobierno y de las entidades descentralizadas, que forman parte de la planilla de pago de la Contraloría.
En tanto, los servidores públicos que laboran en instituciones y que no reciben el servicio, le corresponderá al fiscalizador de la Contraloría retenerle el cheque y entregarles la boleta "Aviso de cheque retenido".
Mientras que los servidores que reciben su sueldo mediante acreditación bancaria (tarjeta), la retención de salario es coordinada con el Banco Nacional de Panamá.
Con relación a los funcionarios que fueron sancionados y que residen en el interior, cuando la oficina regional de la Contraloría recibe la declaración, se le comunica al secretario general de la entidad, que libere la retención del cheque sin esperar a que el documento llegue a la sede de la institución, en la capital. Los funcionarios de manejo que aún no han cumplido la orden representan el 70%.
El mandatario Martín Torrijos aseguró que las Declaraciones Juradas de Bienes Patrimoniales sólo pueden ser solicitadas a las notarías, por parte del Ministerio de Economía y Finanzas y por autoridades jurisdiccionales, tal como lo reveló una consulta elevada a la Procuraduría en el 2004.
Sin embargo, la Ley de Transparencia establece que toda la información que emana de la administración pública, es de carácter público.
De igual manera, se pronunció la Defensoría del Pueblo al señalar que las declaraciones de bienes son públicas, tal como se establece en el artículo 1752 del Código Civil. La "retención" de los cheques a varios servidores públicos es un hecho sin precedentes.