Más de 50 mil niños panameños realizan trabajos violándose de esta forma los Derechos del Niño y el Menor según un estudio-diagnóstico de la situación de la niñez en Panamá, elaborado por la Organización Internacional del Trabajo, mientras que la Defensoría del Pueblo programa presentar un proyecto de ley para erradicar el trabajo infantil en el país.
De acuerdo con la coordinadora de la OIT para la Erradicación del Trabajo Infantil en Panamá, Dayra Dawson, el primer estudio reveló que niños desde los 5 a 17 años de edad realizan trabajos sin contar con las mínimas condiciones para los mismos.
Detalló que los menores realizan actividades de riesgo que atentan contra su salud y contra su derecho fundamental a la educación. El estudio fue elaborado en el 2001 y se extendió a todo el país donde se tomó una muestra aleatoria de 250 niños que demostraron que el trabajo más practicado es el doméstico.
Explicó que los niños son expuestos a trabajos a altas horas de la noche, a permanecer a disposición de los empleadores por más de 24 horas, riesgo a quemarse, cortarse o intoxicarse con productos de limpieza. Precisó que los menores son sometidos a roles para los cuales no están preparados, muchos de los cuales representan un peligro para su vida.
Planteó que de los 50 mil niños cerca del 19% realiza trabajos domésticos y se demostró que en su mayoría pertenecen al sexo femenino. El Convenio 138 de OIT (1973) sobre Edad Mínima de Admisión al Empleo, establece como edad mínima los 14 años, acogiéndose a la excepción establecida en el C.138, salvo Costa Rica que eleva esta edad a 15 años.
Por su parte el defensor del Pueblo, Juan Antonio Tejada, señaló que gran cantidad de niñas son explotadas y engañadas por personas que buscan con la finalidad de que los ayude en labores domésticas, pero le truncan sus estudios. Informó que analizará la legislación panameña para realizar una regulación y reglamentación del trabajo infantil doméstico en el país.
Destacó que la consultoría que tiene un costo de cuatro mil balboas elaborará una propuesta de modificaciones y cambios en la legislación existente, así como mecanismos de aplicación legislativa, administrativa y judicial para proponer el anteproyecto a la Asamblea.