Unas 700 familias residentes en el sector conocido como Tierra Prometida, corregimiento de Alcalde Díaz, urgieron al Ministerio de Vivienda (MIVI) para que inicie la legalización de sus tierras y se evite un posible desalojo que provocaría enfrentamientos entre los residentes y las autoridades policiales.
A través del Comité de Desempleados de San Miguelito (MODESAM), las familias de Tierra Prometida, que suman una tres mil 500 personas, advirtieron que defenderán los lotes que han adquirido, pese a que fueron tomados mediante invasión.
Aun cuando reconocieron que su acción no es la más correcta, justificaron la medida en que su difícil situación económica no les permite pagar un alquiler y menos comprar una vivienda.
"Licenciado Miguel Cárdenas", dijeron en un comunicado los moradores, "el caso de Tierra Prometida es lo mismo que las demás comunidades precaristas y no deseamos quedar como el desalojo de Renta 5, la Boca Town y de muchos factores, como el incendio de hace un par de semana en San Felipe, que destruyó un albergue".
Agregaron que las tierras que ocupan, así como las propiedades privadas que han sido invadidas en Las Albinas, Chilibre, Caimitillo, Arraiján, 24 de Diciembre, Mocambo y Nuevo México, han estado toda la vida sin uso, por lo que las autoridades deben dar una pronta solución.
Los terrenos que ocupa esta comunidad son propiedad de la empresa Corporación de Bienes y Raíces Mariprieta, S.A. Según el Registro Público aparecen como sus directivos Luis Carlos Chen Chong, Ariel Sucre y Miguel Filemón Palma.
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