LA investigación por la muerte de 51 personas envenenadas con medicinas de la Caja de Seguro Social (CSS) dará un giro importante. La Fiscalía Cuarta Superior llamará a declarar a funcionarios y ex funcionarios que participaron en el proceso de compra del insumo contaminado y a los que incumplieron normas y controles para la elaboración de medicinas.
Una fuente vinculada a la investigación reveló que el fiscal Dimas Guevara tomará declaración a ex funcionarios de la administración del ex director, Juan Jované, porque autorizaron la compra de insumos en el año 2003 para el Laboratorio de Producción de Medicamentos, a pesar de que la Junta Directiva de la CSS lo había prohibido.
Panamá América tuvo acceso a la auditoría de la Caja DNAI-IE-76-2006 que recoge una serie de "faltas administrativas" que presuntamente dieron como resultado la producción de expectorante sin azúcar y jarabe difenhidramina contaminados con el mortal dietilenglicol.
Hasta octubre de 2006 los puertos panameños movieron unos 2.3 millones de Teu´s (contenedores de 20 pies), lo que representa un incremento de 4% en comparación con igual periodo de 2005, según la Contraloría General.
Sin embargo, esta cifra no superó la registrada entre el 2004 y 2005, cuando el manejo de contenedores aumentó un 15%.
El ministro Ferrer indicó que antes de la administración Torrijos no habían reglas claras en el sector portuario, pero que ahora el panorama ha cambiado.
Este cambio ha propiciado que se esté analizando una ley general de puertos, a fin de tener normas claras para todos los operadores.
En el país operan los puertos de Balboa, Cristóbal, Manzanillo International Terminal, y Colon Container Terminal.
Con la construcción del megapuerto se espera generar 10 mil empleos directos e indirectos.
Con la terminal de contenedores se proyecta crear 1, 000 empleos fijos.
