El Gobierno tiene que estar preparado para el hacinamiento que se producirá en los centros de custodia de menores tras el aumento de las penas a los adolescentes infractores, advirtió la magistrada del Tribunal de la Niñez y de la Adolescencia, Esmeralda de Troitiño.
Según la magistrada, las reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa a la Ley 40 de 1999 sobre Responsabilidad Penal para la Adolescencia, no es la respuesta para bajar los índices de delitos cometidos por menores de edad.
Troitiño señaló a El Panamá América que el aumento de la prisión preventiva de dos a seis meses ocasionará un hacinamiento en los centros de resocialización y custodia, por lo que el Gobierno debe disponer de los recursos para enfrentar la situación y evitar que se violen derechos fundamentales de los seres humanos privados de su libertad.
La extensión del período para investigar a un adolescente de dos a seis meses quizás permita a jueces y fiscales ampliar en las investigaciones, "pero lo que queremos es una justicia pronta no una justicia demorada, porque la justicia demorada no le sirve ni a la víctima ni al detenido", advirtió.
Según la experta en legislación sobre menores, con las reformas se altera el período de cinco años de prisión que establecía la Ley 40, que estaba dirigido a garantizar la formación y la educación de los adolescentes.
Denunció que ese principio de formación y educación que contenía la Ley 40 no se altera del todo, pero se introduce lo represivo, por lo que las reformas no constituyen una respuesta al problema de los menores infractores.
"No se altera ( el proceso educativo), pero la lógica me indica a mí que en siete años voy a estar educando un muchacho... eso tiene un sentido de represión para tenerlo recluido en un centro, para tenerlo privado de libertad", dijo.
Destacó que la Ley 40 fue concebida con una finalidad específica de lograr la rehabilitación y educación del menor que infringió las leyes y regresarlo a la sociedad con oportunidades para insertarse sin mayores problemas.
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Actualmente hay 165 menores en custodia a nivel nacional, de los cuales 33 cumplen penas de prisión.
