La magistrada del Tribunal de la Niñez y de la Adolescencia, Esmeralda de Troitiño, precisó que el 50 por ciento de los menores infractores tienen problemas de drogadicción, lo que significa un reto para las autoridades que deben proveer a los adolescente de un programa de rehabilitación y de educación. Advirtió que Panamá es signataria de convenios internacionales que garantizan el derecho de los privados de su libertad de ejercer el trabajo y señaló que esos acuerdos no se pueden irrespetar.
"No creo que el aumento de las penas sea la respuesta. Sin embargo, son los legisladores los que hacen las leyes", manifestó. "Yo no puedo irrespetar el derecho de ellos, porque ellos han irrespetado el derecho de otros. Para eso no tendría que existir la justicia.", declaró Troitiño.
Las reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa aumentan de cinco a siete años las penas de prisión por los siguientes delitos: homicidio doloso, violación sexual, tráfico ilícito de drogas, lesiones personales, robo y secuestro. De igual manera el período de investigación a los menores aumenta de dos a seis meses.
Para archivar un expediente tendrán que transcurrir siete años, de acuerdo con las modificaciones. Los jueces y fiscales de adolescencia que no cumplan con sus obligaciones y cometan faltas establecidas en el Código Penal, serán separados de su cargo.
La legislación se aplica a los menores entre 14 y 17 años de edad. Actualmente hay 165 menores en custodia a nivel nacional, 33 están cumpliendo penas, de los cuales tres están en Herrera, uno en Colón y 29 en la provincia de Panamá.
La petición de la magistrada Troitiño para que no se aumentaran las penas a los menores infractores debido a que la Ley 40 no se había podido ejecutar por falta de recursos, fue desatendida por los legisladores.
Troitiño, en un foro sobre Niñez y Adolescencia, auspiciado por El Panamá América el año pasado, denunció que se requerían B/.8 millones para nombrar jueces y fiscales, además de crear las instancias necesarias para llevar a los menores de edad ante la justicia.
Tras las reformas aprobadas recientemente se anunció una partida de B/.3 millones para el nombramiento de jueces y demás medidas que haya que tomarse para el funcionamiento del sistema.
La "miserableza presupuestaria" con que se trata la justicia sobre menores de edad conlleva a que se viole el debido proceso a los adolescentes involucrados en actos delictivos, denunció. Destacó que los juzgados, además de los casos de delitos que cometen los menores, tienen que atender otras 4 mil denuncias anuales referentes a pensiones alimenticias y en los casos de protección de niños maltratados en estado de abandono y abusados, otros 4 mil más.
"Ese juez de niñez y adolescencia que debe atender una situación tan especial como un delito tan grave como el homicidio tiene que atenderlo junto con 8 mil y tantos casos más", expresó. Indicó que a diferencia de la justicia para los adultos, los delitos pequeños son atendidos por un juez municipal, los de orden un poco mayor por jueces de circuitos, mientras que los homicidios son referidos a un Tribunal Superior de Justicia.
"Ese juez que tiene que darle respuesta inmediata a una niña abusada o contagiada por SIDA, le llega a la vez un caso de un robo a mano armada donde tiene que juzgar a un menor", comentó.
El endurecimiento de penas a los adolescentes que delinquen ha generado durante esta semana el rechazo de diversos organismos y personalidades involucradas en el tema de menores infractores.
A juicio del director ejecutivo del Centro de Iniciativas Democráticas, Jorge Giannareas, el aumento de penas no contribuirá a reducir la criminalidad, pues las leyes penales no son para resolver los problemas de delincuencia. Reconoció que las reformas mejoran la aplicación de aspectos técnicos de la Ley 40, pero en nada contribuirán a prevenir la delincuencia.
En tanto, el presidente del Comité Panameño por los Derechos Humanos, Manuel Cupas, consideró que los cambios no han sido muy significativos, pero estimó que lo fundamental es que se respete y se cumpla con la legislación. Mientras que el secretario general de la Defensoría del Pueblo, James Bernard, indicó que el aumento de la pena no resuelve el problema de la criminalidad de adultos ni la juvenil.
El legislador arnulfista y proponente de las reformas aprobadas a la Ley 40, Marcos González, proponía 20 años de prisión para los menores que delinquen, pero su propuesta fue reducida hasta siete años de prisión y en ciertos delitos. Según el legislador, más de 800 personas se encuentran incapacitadas y niños huérfanos ante la pérdida de familiares tras delitos cometidos por los menores de edad en Panamá.
Señaló que la iniciativa se presentó en función de los habitantes del distrito de San Miguelito y de los transportistas, "que son los que han puesto los muertos producto de la violencia de los menores." Según cifras del legislador González, el año pasado los menores de edad se vieron involucrados en más de diez homicidios.
Cifras proporcionadas hasta el 2001, señalan que existen 938 procesos contra menores de edad, de los cuales 790 corresponden a robos, 61 a violación carnal, 49 al homicidio culposo, 35 tráfico de drogas y tres al secuestro.
Durante 1997, que fue un año delictivamente alto, la criminalidad de menores sólo fue del 3%, en 1998 llegó al 2.6%, en 1999 bajó a 1.9%, en el 2000 se mantuvo igual y en el 2001 ascendió a 3.1%, según cifras de la UNICEF.
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