El ex fiscal superior, Cristóbal Arboleda, aseguró ayer que las penas de cárcel para los conductores de transporte colectivo que cometen homicidio culposo en las calles, deben aumentarse de 4 a 8 años, para tratar de reducir la cantidad de accidentes fatales que se registran por las avenidas del país.
Arboleda, quien cuando ejerció el cargo de fiscal superior especial, realizó investigaciones sobre hechos fatales donde estaban involucrados conductores de transporte colectivo, indicó que en virtud de esta experiencia se obtuvieron varias conclusiones.
Explicó que una de éstas es que la sanción prevista actualmente por el Código Penal es demasiado blanda y no guarda proporcionalidad entre el bien jurídico afectado, que es la vida de un ciudadano, y la pena efectiva que está establecida y que es de seis meses a dos años.
Manifestó que en su momento por iniciativa de la Procuraduría General de la Nación, se propuso un proyecto de ley que intentaba reformar el artículo del Código Penal correspondiente, a efecto de aumentar la sanción y que se permitiere, incluso, la privación del libertad de un conductor de transporte colectivo.
Esta privación de libertad, dijo, sería aplicable al conductor de transporte colectivo al probársele que el hecho hubiese sido ejecutado por negligencia, impericia, regata, consumo de drogas o inobservancia de los reglamentos de tránsito en forma manifiesta.
No hay que ser un especialista en sociología para asegurar que los problemas de la delincuencia de jóvenes está asociada a la estructura social en la que le ha tocado desarrollarse.
Una estructura social cada vez más compleja y que por lo tanto, requiere de medidas complejas para solucionarlos.
Así por ejemplo, factores como los niveles de miseria o pobreza, desempleo, narcotráfico, concentración urbana, baja escolaridad o analfabetismo, agresiones sexuales y desintegración familiar, forman parte de esa complejidad que lleva a muchos jóvenes a delinquir.
No obstante, tanto los investigadores del tema, así como las personas entrevistadas por El Panamá América indicaron que la delincuencia no es inherente a las clases sociales bajas. La conducta antisocial se puede presentar en todos los niveles de la sociedad, aunque la pobreza y pobreza extrema pueden ser condicionantes.
No obstante, son los grupos de economía alta los que aparecen como los verdaderos controladores de los hechos delictivos (cantidad de droga, armas, etc.). Es decir, como en las historias de la mafia, el gran jefe nadie lo conoce y la justicia parece que sólo alcanza a los ejecutantes.
Para el investigador en sociología, Gilberto Toro, la sociedad consumista en la que vivimos tiene su cuota de responsabilidad en este tema. Según explicó, la sociedad hace a muchos entrar en esa vorágine de la compra y venta, predisponiéndonos a querer y tener cosas.
Para Gilberto Toro, los sucesos acaecidos el 20 de diciembre de 1989, han propiciado la violencia que hoy se registra en jóvenes de 16 y 17 años.
En su opinión, durante los años siguientes a la invasión norteamericana el gobierno no prestó atención a los menores que en esa ocasión tenían cuatro o cinco años, y hoy son adolescentes. Ellos fueron testigos de este acontecimiento violento ocurrido sobre todo en barrios como El Chorrillo, San Felipe, el distrito de San Miguelito y la provincia de Colón.
Explicó que las estadísticas comprueban que en esos sectores la delincuencia ha aumentado. El bautizo fue el saqueo, en donde los niños vieron cómo los adultos corrían a desvalijar la propiedad ajena.
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