Tras el hecho de que el presidente de la República, Juan Carlos Varela, insiste en mantener en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a Dulcidio De La Guardia, representantes de diversos sectores consideran que la salida que queda es ejercer presión sobre el Ejecutivo para lograr la salida de este funcionario.
Solo esta semana, Varela anunció públicamente su respaldo a De La Guardia, pese a la ola de críticas que sigue recibiendo por haber pagado 7 millones de dólares a Cobranzas del Istmo, a pesar de que ya había demandado a esta empresa por supuesto pago de comisiones de forma irregular.
Ante la posición del jefe del Ejecutivo, dirigentes de sectores de la sociedad civil y de organizaciones de profesionales anunciaron una serie de protestas para exigir la destitución del titular del MEF.
La primera de estas manifestaciones se realizará el viernes 5 de junio a las dos de la tarde en los estacionamientos del MEF.
La manifestación es organizada por el Movimiento Independiente de Renovación Nacional (Miren), que ha solicitado a todas las organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos en general que participen de este piquete.
Juan Jované, miembro del Miren y excandidato presidencial, considera que no hay excusa para que el ministro De La Guardia hiciera este pago a la citada empresa de gestión de cobros.
Jované coincide con el abogado Víctor Chan en destacar que la ley obliga al titular del MEF a no haberle hecho el pago millonario a la empresa Cobranzas del Istmo.
“No hay ninguna excusa para pagar $7 millones con el pretexto de que ya se habían refrendado porque si un funcionario tiene dudas sobre una posible lesión patrimonial al Estado, tiene la obligación de proteger ese dinero de los panameños”, expresó Jované.
La denuncia que presentará el abogado Sídney Sittón ante la Corte Suprema de Justicia contiene elementos que demuestran que De La Guardia pagó a la empresa de gestión de cobros, a pesar de haber tenido conocimiento de las evidencias que demostraban las irregularidades del contrato.
Debido a estos elementos que sustentara en la orden el director actual de Ingresos, Publio Cortés, la Corte decidió suspender el contrato.
Pese a estos nuevos elementos, el presidente Varela justificó la actuación del ministro De La Guardia con argumentos tales como que “hay que honrar los compromisos del Estado, tanto los que hizo mi administración como los que nos dejó la administración anterior”.
Sin embargo, esto no recoge la realidad que están viviendo decenas de proveedores del Estado.
El abogado Leonardo Paul asegura que tiene clientes esperando desde hace meses que se les pague poco menos de 100 mil dólares, pero el argumento es que los desembolsos están paralizados porque se está realizando una revisión de los contratos para detectar posibles irregularidades que se pudieran haber cometido en el gobierno anterior.
Carlos Fernández, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias y Agricultura de Panamá, está viviendo esa misma realidad entre sus agremiados.
El presidente de la Cámara de Comercio dijo que la deuda con proveedores asciende a 233 millones de dólares, eso sin contar las presiones que tuvieron que hacer para que se diera el pago de otros mil millones de dólares.
