Cerca de 600 pruebas de paternidad se han acumulado en el banco de ADN del Instituto de Medicina Legal (IMEL), por falta de un presupuesto para el financiamiento de los reactivos.
El costo de cada prueba, B/. 300.00, es asumida por el Ministerio Público.
De acuerdo con el director del Instituto de Medicina Legal, José Vicente Pachar, de lo poco que tenemos, hay que cubrir el problema de las pruebas que son del ámbito civil y ordenadas por el Órgano Judicial, cuya solicitud debería venir con la partida necesaria.
No obstante, existen esperanzas en que esta morosidad disminuya, con la inauguración para el próximo mes de septiembre, del nuevo laboratorio de ADN, que estará ubicado en la Ciudad del Saber, con un presupuesto de B/. 2.3 millones.
El proyecto incluye la capacitación del personal y los reactivos para efectuar las pruebas de ADN.
También se han capacitado a dos técnicos panameños, y ahora están en Panamá dos especialistas españoles quienes laboran con el personal de medicina legal.
Por otra parte, el consultor español, Juan Manuel Cartagena del Centro de Estudios Jurídicos, en una evaluación efectuada a las morgues judiciales del país, estimó que no se cuenta con las mejores condiciones.
Explicó que hay dificultades en los levantamientos de cadáveres en regiones de difícil acceso como Bocas del Toro, Darién y Veraguas por ejemplo, donde también hay problemas con la toma de muestras periciales a personas que son agredidas sexualmente y en la atención de la violencia de género.
Pachar junto al forense español visitaron todas las regiones del país, para evaluar al personal médico legal. El Centro de Estudios Jurídicos efectúa una consultoría de tres años en el Ministerio Público a nivel forense.
El memorando de entendimiento entró a regir a partir de su firma.
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