Médicos divididos llaman a paro

Un paro a nivel nacional de 24 horas prorrogables en el sector salud decretaron anoche gremios médicos del país, que se suman al que desde el pasado jueves iniciaron los funcionarios administrativos de la Caja de Seguro Social (CSS).
Cuatro gremios de la Comisión Médica Negociadora Nacional (COMENENAL), aprobaron la acción de fuerza, tras considerar como intromisión de la presidenta Mireya Moscoso la decisión de separar del cargo al director de la CSS, Juan Jované.
Mediante un comunicado que firman Rodolfo Puello, de la Asociación Odontológica Panameña; Rafael Aparicio, por la Asociación Médica Nacional; Gerardo Victoria por los especialistas del Hospital Santo Tomas y Julio García de la Asociación Nacional de Médicos Residentes e Internos, se hace el llamado a paro.
Sin embargo, el gremio médico está dividido, puesto que el secretario general de la Asociación de Médicos, Odontólogos y Afines de la Caja de Seguro Social (AMOACSS), Guillermo Pérez Silva, sostuvo que a pesar de no ser “rompe huelga”, ellos no participarán de ésta, ya que no es el mecanismo para solucionar los problemas que atraviesa la institución de salud.
El documento no fue firmado por la AMOACSS, la Asociación de Médicos Generales, ni la Asociación de Médicos del Hospital del Niño.
Mientras que el ministro de Salud, Fernando Gracia, aseguró que la institución buscará los mecanismos para garantizar la atención de los pacientes y que de acuerdo a la marcha de este paro, se analizarán las acciones disciplinarias que se impondrán de ser afectada la atención en los centros hospitalarios del país.
El titular de salud espera reunirse hoy con los gremios en paro para conocer los motivos que los impulsan a decretar el mismo.
El comunicado que convoca al paro, cuestiona la no participación de la AMOACSS y de “darle la espalda a sus bases”.
Sostienen también que existe la intención de las autoridades de salud de derogar el Código Sanitario por medio de una “nefasta Ley Orgánica y General de Salud”.
Por otra parte, el proyecto de presupuesto presentado por el director encargado de la CSS, Rolando Villalaz, es “deficiente, incompleto y no específico” en cuanto a la cantidad total que será destinada en los renglones de inversión y funcionamiento, por lo que hoy deberá ser presentado con las nuevas especificaciones.

Según el presidente de la Junta Directiva de la CSS, Erasmo Muñoz, en una carta adjunta al proyecto se destaca que debido al poco tiempo que tuvieron para realizar el ejercicio de planificación del presupuesto, no se entregaron mayores detalles.
Muñoz dijo que no votará a favor de este documento si no es específico en la cifra que se destinará a la compra de deuda del Estado, que se presume sea unos B/.350 millones.
De acuerdo con Muñoz, el documento no contenía información necesaria para iniciar su discusión, por lo que se le pidió a Villalaz que incluya detalles técnicos. Sostuvo que de utilizar fondos de las reservas para fines que no fueran exclusivamente inversión del Estado, votará igualmente en contra, pues los dineros de la CSS no pueden ser utilizados para fines políticos.
Mientras que Mariano Mena, coordinador del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO), llamó al nuevo presupuesto como una “venta de ilusión”, al considerar que para lograr la pretensión de nuevos ingresos por medio del cambio de la proyección de la economía de un crecimiento anual de 2% al 3%, según el dirigente, es exagerada debido a las condiciones nacionales.
Sin embargo, en los cuestionamientos del CONATO se sostiene que el supuesto de aumentar la base de cotización mínima de cien a trescientos balboas y que este incremento sea asumido por el patrono afectará al pequeño y micro empresario. Según Mena, al aplicar el artículo 35c de la Ley Orgánica para hacer efectivo el incremento, en vez de estar distribuido entre el conjunto de los empleadores, se carga sobre los pequeños empresarios.
El dirigente Mena agrega que el presupuesto no está equilibrado y que obliga a la utilización de las reservas de la CSS, puesto que a su criterio el rubro de prestaciones económicas es de 594.4 millones según el presupuesto presentado por Juan Jované y que el actual establece 569.5 millones, lo que refleja un déficit de 24.9 millones por debajo del anterior.
Para el CONATO esto significa que el 63% de los nuevos pensionados del próximo año no podrán cobrar sus pensiones.