El Procurador General de la Nación, José Antonio Sossa, rechazó que se eliminen las penas por calumnia injuria porque la "despenalización de la calumnia y la injuria, siquiera va a estar en beneficio de quienes escriben".
"Yo jamás he estado de acuerdo con ese tema, (la despenalización) dijo Sossa, ya que se continuarán dando situaciones sobre todo de la manipulación de los dueños de los medios, que utilizan el medio como lo que es, un poder, señaló.
Agregó que hay algunos momentos en que profesionales de diversas ramas, ya sean médicos, arquitectos o periodistas, dejan de serlo, para convertirse en delincuentes y no "puede hacer discriminación acerca de si se sanciona o no con cárcel".
Recientemente, la procuraduría general de la nación, emitió una resolución de condena de 8 días de cárcel para el periodista del diario El Siglo, Carlos Singares y posteriormente el Juzgado Décimo Penal, condenó con 18 meses de arresto al periodista de este diario, Jean Marcel Chéry, por publicar una información que estuvo basada en un documento oficial.
Sossa reveló que en el caso del periodista, Singares, el caso está en etapa de reconsideración y se espera una decisión de la Corte Suprema de Justicia para actuar en consonancia.
En el caso del periodista, Chéry, se presentó una apelación a la condena impuesta.
Aseguró que el relator de la OEA, para asuntos relacionados con la libertad de expresión, Santiago Cantón, coincidió en que hay comportamientos que "efectivamente son de naturaleza criminal" y que siempre imperó el consenso entre el visitante y la procuradoría.
Explicó en alusión a las recientes publicaciones emitidas en medios de comunicación, Sosa, señaló que "el asesinato de la vida espiritual de una persona es un crimen horrible" y que en muchas ocasiones es más delicado que el apropiarse de bienes materiales de una persona.
El procurador general, dijo que hace mas de un año, se está trabajando en una comisión en la que participan varios sectores relacionados a la administración de justicia para regular lo que se refiere a las penas por calumnias e injurias.
En esa comisión están representados el ministerio Público, los gremios de abogados, el Organo Judicial y el Organo Ejecutivo y se ha avanzado "bastante sobre este tema" y se espera que pronto salga un documento el cual también considere una legislación sobre la despenalización por calumnia e injuria.
El procurador general de la Nación, José Antonio Sossa, dijo que el quinto poder, que está bajo el mando de quien controla los medios de comunicación en algunas ocasiones este poder "absoluto" origina corrupción y violación a los derechos humanos y aseguró que el relator especial de la OEA, para temas relacionados con la Libertad de Expresión, Santiago Cantón, es consciente de ello.
Por su parte, Santiago Cantón, relator de la OEA, señaló que la ley de desacato panameña permite enjuiciar y encarcelar a periodistas por sus críticas a los funcionarios públicos, sostuvo ayer el comisionado de prensa de la Organización de Estados Americanos,
El funcionario dijo que el procedimiento "ha permitido, en ocasiones, que algunas personas sean perseguidas, hostigadas y a veces encarceladas por expresar sus opiniones. Esto constituye una seria preocupación pues ninguna persona debe ser privada de su derecho a la libertad de expresión en relación a funcionarios públicos".
Cantón hizo esas manifestaciones en un informe preliminar tras una visita a Panamá en la que encontró "la buena disposición" de la presidente Mireya Moscoso "tanto en las palabras como los hechos" para acabar con las restricciones que aún imperan allí.
Cantón dijo si bien el avance democrático de Panamá "ha contribuido notablemente al desarrollo de la libertad de expresión en ese país, continúan existiendo una serie de leyes anacrónicas que limitan su ejercicio efectivo. Algunos funcionarios públicos usan este cuerpo normativo para acallar las críticas que se les formula".
Añadió que uno de los obstáculos mas inquietantes que aún persisten es la llamada "ley de desacato" que sancionan las expresiones ofensivas contra funcionarios del Estado.
La comisión de derechos humanos de la OEA ha establecido ya que las leyes que protegen a los funcionarios públicos "les otorga injustificadamente un derecho a la protección del que no disponen los demás integrantes de la sociedad", señaló Cantón.
Añadió que "si se considera que los funcionarios públicos que actúan en carácter oficial son, a todos los efectos, el gobierno, es entonces el derecho de los ciudadanos y la ciudadanía en general el criticar sus acciones y actitudes en lo que ataña a su gestión pública".
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