El total desconocimiento de la ley panameña en materia penal, de adolescencia y del derecho internacional por parte del Estado, puede ser la causa de que se lleve al país a una lista negra y se retire la ayuda internacional en esta materia, sostuvo la ex magistrada Aura Emérita Guerra de Villalaz.
"Me llamó la atención que se dijera que las penas no eran discrecionales y que se debería imponer inmediatamente la sanción que señala la Ley, sin que el juez tuviera ningún tipo de intervención, tan sólo imponer la sanción", sostuvo Villalaz.
"Qué hace el juez allí, si no va a servir, mejor es que la Policía aplique la ley de una vez", fue el cuestionamiento de la ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia.
Aunque no comprendía lo que estaba pasando, Guerra de Villalaz en un total desconcierto dijo que al hacer este anuncio se saltaron todos los procedimientos en materia de derecho, también se debió realizar una consulta,
Villalaz fue más allá al defender la posición de los juzgadores, señalando que los jueces tienen la función de valorar, llevar el proceso, de permitir la defensa, las pruebas correspondientes y conocer las condiciones en que se da el delito.
"Esto es como volver a una época que no hemos superado, hemos retrocedido", afirmó la ex integrante de la Comisión Anticorrupción, nombrada por la propia Presidenta de la República.
Sostuvo que "ni a los peores delincuentes adultos esto se le puede señalar, ya que hay delitos que tienen fianza, medidas cautelares; cómo se puede decir que no hay ningún tipo de discreción del juzgador, entonces esto es negar la capacidad de los jueces".
Completamente hay un desconocimiento de la ley, del derecho internacional, ya que hay compromisos que hacen los Estados cuando se incorporan a la legislación interna, todos estos convenios internacionales son un compromiso, indicó la jurista.
Por su parte, Roxana Méndez, directora ejecutiva de Casa Esperanza, explicó que los delitos graves cometidos por los menores no llegan ni al 2%.
Aseguró que hay una deficiencia en el sistema judicial, ya que no se han creado todas las instancias que las leyes desde hace más de cinco años están exigiendo para que el sistema funcione.
"No hay justificación en materia de estadísticas que sustente esta propuesta hasta donde se tenga conocimiento, por lo que el aumento de la pena no es la respuesta para reducir el nivel de violencia", manifestó Méndez.
Por su parte, el ex director de la Policía Nacional, Ebrahim Asvat, fue más allá en decir que la posición adoptada por la presidenta Mireya Moscoso está fundamentada en razones netamente "políticas".
Indicó que el sistema actual no está funcionando ya que el mismo Ejecutivo emite las libertades condicionales.
Advirtió que esta es una guerra donde la delincuencia conoce mejor el sistema y la está ganando, no por la falta de efectividad de la Policía, ni porque la comunidad no coopere, sino porque el sistema hace que los delincuentes regresen a la calle a cometer fechorías.
Contenido patrocinado
Últimas noticias
