Aproximadamente unos 500 ciudadanos chinos cuyo status migratorio en Panamá aún es irregular, se han censado en el marco del acuerdo pactado entre la Sociedad China en Panamá y el Ministerio de Gobierno y Justicia.
Moisés Lou, vicepresidente de Asociación China, señaló que desconocen el número de chinos que se encuentran en Panamá sin haber legalizado su situación, pero este convenio con el gobierno les permitirá regularizar su status.
Los chinos se registran en la sede de la Sociedad Fa Yen, ubicada en las galerías El Dorado, donde son atendidos por funcionarios de la Dirección de Migración y Naturalización y por paisanos chinos que sirven de traductores, ya que muchos de ellos no hablan español.
Lou indicó que luego de informar sobre su situación en Panamá, los chinos reciben un carnet que tiene un período de validez de tres meses, periodo durante el cual éstos tienen que cumplir a través de sus abogados con las leyes migratorias para regularizar su estadía en el país.
El dirigente de los chinos en Panamá manifestó sentirse satisfecho por la forma como sus paisanos han respondido a este llamado. Agregó que a los que se registran se les da un carnet que expide la Dirección Nacional de Migración y Naturalización a un costo de B/. 25.00.
Sobre este plan, la directora general de Migración, Ilka de Barés, señaló que el programa es de carácter humanitario, ya que en ocasiones muchos asiáticos permanecen escondidos por temor a ser identificados por los agentes de migración. Barés indicó que los ciudadanos chinos no deben tener miedo, sino aprovechar esta oportunidad para censarse.
Advirtió que quienes no se registren en el período estipulado, podrían ser deportados del país en caso de ser descubiertos por los agentes de migración. El censo se inició el pasado 27 de enero y continuará hasta el 26 de febrero próximo.
Mientras que en la alejada comunidad de Punusa se encuentran aproximadamente 174 personas en estas condiciones entre niños, mujeres y hombres de distintas edades, que actualmente no están recibiendo ningún tipo de atención o ayuda humanitaria y enfrentan grandes dificultades para obtener productos básicos o de primera necesidad y medicamentos.
De acuerdo con James Bernard, secretario general de la Defensoría del Pueblo, en Boca de Cupe también permanecen grupos de ciudadanos colombianos desplazados por el conflicto, que se han movilizado a través de la frontera.
