Luego que un medio local publicará que el ex magistrado Edgardo Molino Mola junto al juez Miguel Ángel Alfano, culpara a los periodistas y medios de comunicación del país por la mala imagen que tiene el Órgano Judicial, las reacciones no se hicieron esperar.
La directora ejecutiva de Alianza Ciudadana, Magaly Castillo, expresó que los medios de comunicación tienen un rol que cumplir y es informar a los ciudadanos y hacer periodismo investigativo, que dé seguimiento a los casos de corrupción sin caer en juicios paralelos.
Castillo lamentó los señalamientos de Molino Mola y de Alfano y destacó que los medios de comunicación son un actor fundamental en la lucha contra la corrupción. "Los medios son el mecanismo más efectivo para pedir cuenta a los funcionarios públicos y los ciudadanos también tienen derecho de exigir y cuestionar las acciones en las instancias judiciales, porque la justicia es un servicio público", agregó la vocera de Alianza Ciudadana.
Por su parte, la presidenta del Colegio Nacional de Abogados, Mercedes Araúz de Grimaldo, indicó que el Órgano Judicial tiene que mejorar su sistema de información, a fin de que las informaciones judiciales lleguen a los medios de comunicación más ordenada y directa, a través de algún centro de información de la misma Corte Suprema de Justicia.
Araúz de Grimaldo, quien participó en el Foro de Justicia donde Molino Mola y el juez Alfano criticaron la labor de los medios, lamentó que la Corte Suprema de Justicia aún no tenga un mecanismo para colocar en internet los fallos, a fin de que sean revisados por los ciudadanos.
Mientras que el presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, Enrique De Obarrio, dijo estar sorprendido por las declaraciones de Molino Mola quien es considerado uno de los mejores magistrados que ha tenido la administración de justicia.
El empresario sostuvo que es inadmisible que se le achaque a los medios de comunicación el deterioro de la imagen de la justicia panameña y según dijo, "la imagen de este Órgano llegó a sus niveles históricos más bajos de desprestigio con las denuncias del magistrado Adán Arnulfo Arjona".
De Obarrio recordó por otro lado que el gobierno de Estados Unidos le canceló la visa al magistrado Winston Spadafora, diciendo taxativamente que fue por poseer evidencia sustancial de corrupción en su contra, y sin embargo, "aquí no ha pasado nada". "Estas acusaciones perjudicaron no sólo la imagen de Panamá, sino la del propio sistema de justicia", agregó.
Indicó además que ya están constituidas las comisiones de trabajo que van a ejecutar el referéndum, y se tienen los borradores de los proyectos reglamentarios de esta consulta popular.
La ampliación del Canal de Panamá, generaría alrededor de 240 mil empleos. En 2005 el desempleo en Panamá fue de 9.6% de la Población Económicamente Activa (PEA), que afectó a unas 135 mil personas.
La ampliación tardaría unos cinco años y las obras arrancarían unos 18 después del referéndum.