La Universidad de Panamá y el Ministerio de Educación, cuyo deber es velar por una enseñanza de calidad, continúan enfrascados en una amarga disputa por la licitación para adquirir libros de auto aprendizaje y capacitar a 4 mil funcionarios en español.
El titular de Educación, Salvador Rodríguez, acusó a la UP de utilizar fondos públicos para pagar la fianza de B/ 100 mil con el propósito de impugnar el acto so pretexto de que presentaron la oferta más baja y que no le fue adjudicada.
Sin embargo, las autoridades de la primera casa de estudios superiores del país, a través del vicerrector administrativo, Carlos Brandariz, ripostaron señalando que los fondos son de autogestión y que la UP contó con la aprobación de la Contraloría General de la República.
Brandariz aclaró que las leyes de la UP permiten tener convenios o asociaciones con empresas privadas o del Estado, y que las ganancias obtenidas sirven para los gastos a lo interno de la institución.
El vicerrector administrativo dijo que no perderán los B/ 100 mil de la fianza, "debido a un acto público que no fue del todo transparente por parte del Ministerio de Educación".
Irregularidades.
Clarissa Flores, de Asesoría Legal de la UP, explicó que el Consorcio Universidad de Panamá - Universidad Corporativa (UP-UC) inició un proceso legal por las múltiples anomalías en los actos públicos.
"Nosotros primero presentamos una impugnación ante la Dirección General de Contrataciones Públicas con respecto a la licitación pública N° 006958, pero nos la negaron", dijo Flores.
Sin embargo, para Brandariz, representante del consorcio UP-UC, fue extraño conocer que las dos resoluciones emitidas por la Dirección General de Contrataciones Públicas, en las que inhibía y rechazaba la impugnación que presentó el abogado Vicente Archibold Blake, tenían la firma de Edilberto Ruiz Miró de forma diferente.
En ambas resoluciones, publicadas en PanamaCompra, la firma del funcionario aparece distinta.
El director de Contrataciones Públicas salió al paso de las insinuaciones levantadas en su contra, y a través de un cuestionario que respondió a esta redacción vía correo electrónico, indicó que su brazo derecho se mantiene con fracturas producto de un accidente, por lo que firma con la mano izquierda.
Agregó el funcionario que la impugnación no avanzó porque esa Dirección no tenía competencia "por tratarse de un acto ya adjudicado, de acuerdo con los datos publicados por el MEDUCA en el portal PanamaCompra".
Según la UP, esta situación es irregular y se suma a la misiva que el ministro Rodríguez firmó -en otro acto público- en la que sugería el nombre de una empresa que ofrecía los servicios a contratar.
Otra de las irregularidades que denuncia el vicerrector administrativo de la UP es que en las comisiones evaluadoras para la licitación de libros digitales del MEDUCA, no contaban con la presencia de expertos en español, sino de técnicos en informática.
El consorcio UP-UC está dispuesto a llevar hasta las últimas consecuencias el caso; sin embargo, reconoce que quedará un sabor amargo con el MEDUCA.
