Al tiempo que advirtió a la telefónica Cable & Wireless Panamá (C&W) que debe abstenerse de modificar los planes tarifarios, el comisionado presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos, Alex Arroyo, reveló que hay un borrador para la creación de la ley de servicio universal.
La ley permitirá más acceso de los ciudadanos al servicio, sin importar su condición socioeconómica. Dijo que el documento fue entregado al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), pero desconoce porqué no ha sido enviado a la Asamblea Legislativa para que sea revisado. Aclaró que la creación de esa ley es para asegurar la continuidad de la expansión del servicio y no para subsidiar a C&W.
Indicó que se requiere la creación de la ley para asegurar la instalación de más teléfonos públicos, lo que no está relacionado con las obligaciones contractuales entre el Estado y la telefónica.
El comisionado recomendó a la empresa, buscar un método de compensación a falta de la promulgación de la ley, pues la institución no permitirá cambios en los planes estructurados hasta que sean revisados y aprobados por el Ente.
El Ente emitió ayer la Resolución 4392, donde advierte a la empresa que deberá suspender cualquier medida relativa a la modificación de planes tarifarios y sus costos, pues el incumplimiento traerá como consecuencia la imposición de sanciones previstas por la Ley 31 de 1996.
Rafael Stanziola, presidente del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP) aseguró ayer que el sacrificio fiscal del gobierno al sector industrial se estima en el orden de los 30 a 40 millones de dólares anuales.
Sin embargo, pese a los argumentos de Stanziola, los cuestionamientos de empresarios y expertos en comercio exterior continúan en medio de las discusiones de una ley de Fomento Industrial la cual estiman significará la extensión de los subsidios al sector.
Más aún cuando en los últimos años, la industria no ha incrementado su aporte al Estado panameño. La industria aporta al PIB un 9%.
Al respecto Stanziola manifestó que el descenso del sector industrial viene dado desde la baja "abrupta" del techo arancelario durante la administración de Pérez Balladares,
1997 la cual no tuvo en cuenta la gradualidad y la reciprocidad. Panamá asegura, es el único país de América Latina que posee los aranceles más bajos y no tiene reciprocidad arancelaria por parte de los demás países.
Por ejemplo, mientras el país tiene un arancel para el sector textil de 15%, en el resto de los países centroamericanos éste rubro tiene aranceles que van entre 32% a 35%.
A consecuencia de estos aranceles se han retirado una gran cantidad de industrias del país como la Kraft, Colgate Palmolive, El Gallo, y otras.
En ese sentido, destacó que con la Ley de Fomento Industrial no se está pidiendo subsidio, ni subvención sino solicitando una política que permita que Panamá traiga inversiones al país.
Stanziola explicó que el Certificado de Fomento Industrial que será otorgado por un término de 8 años, sólo tendrá aplicación cuando las industrias generen la riqueza de la inversión realizada, de lo contrario, el industrial no lo podrá recibir.
Sin embargo, si este certificado no es utilizado en el término estipulado no podrá ser renovado por el empresario porque no generó utilidades al Estado.
Es decir, sólo podrá utilizarse en los años fiscales que registren ganancias. En el año 2005 deben cesar las compensaciones otorgadas al sector industrial entre ellos: los Certificados de Abono Tributario, el Registro Industrial, la zona procesadora para la exportación.
Los industriales insisten en que Panamá es el único país del mundo que no ha tomado las previsiones para tener un instrumento legal que le permita atraer inversiones.
