Un proyecto de ley que permitirá desburocratizar y brindar mayores recursos a los centros penitenciarios del país, a fin de que estos puedan capacitar a la población penal en diversas disciplinas, pondrá a funcionar en poco tiempo el ministerio de Gobierno y Justicia, según dieron a conocer fuentes de esta entidad.
El proyecto plantea modificar la base legal de la actual dirección de Corrección, para elevarlo a la categoría de Dirección General del Sistema Penitenciario Nacional, la cual será responsable de la custodia, ejecución penal, gestión administrativa y rehabilitación de los detenidos.
Con la implementación de esta este decreto ejecutivo, que modifica el anterior decreto No.467 de 1942, se propone que la dirección general del sistema penitenciario tendrá la obligación de dotar de asistencia técnica, administrativa y económica a todos los centros penitenciarios, y además evaluará y ejecutará programas de rehabilitación para los privados de libertad.
El departamento también vigilará la tramitación expedita de las etapas de los procesos administrativos y penales de los detenidos; la prestación de un adecuado servicio de alimentación para los internos, atención médica, programas de trabajo dentro del sistema e instituirá un centro que permita el primer ingreso y dosificación de estas personas.
Mediante este proyecto se propone la creación de cinco grandes áreas de trabajo y secciones de apoyo que ayudarán a descentralizar las funciones y obtener un manejo más ordenado y sistemático dentro de la complejidad del sistema penitenciario del país.
Las áreas o secciones en que se conformará parte de la estructura organizativa de la Dirección General del Sistema Penitenciario son: Gestión Penitenciaria y Secretaría Judicial; Sanidad y Salud Penitenciaria; Administración y Recursos Humanos; Seguridad; Asesoría Legal; Planificación y Proyectos, las cuales a su vez contarán con varias secciones de apoyo, como Inspección General, Informática, Prensa e Imagen.
Para la implementación y puesta en marcha de este programa, fue suscrito un convenio entre Panamá y España, que permitió a los jefes de cada una de esas áreas de trabajo recibir información por parte de especialistas en la materia.
Esta decisión de reformar el departamento de Corrección, atiende a recomendaciones hechas por el Programa de Asistencia Penitenciaria que es responsabilidad de Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo, y su ejecución cuenta con el apoyo financiero del gobierno de España.
El plan representa parte de la política trazada por las autoridades para mejorar el sistema penitenciario del país, debido a la problemática que representa el hacinamiento en las cárceles y la falta de una docencia que permita a los detenidos aprender una labor que les garantice su reintegro normal a la sociedad al momento de abandonar el penal.
La situación de hacinamiento se produce también por la lentitud con que el sistema judicial atiende los casos de los detenidos en las cárceles, que representa una violación a los derechos humanos de estas personas, muchas de las cuales llegan a cumplir un promedio de tiempo en la cárcel si que se les haya juzgado por el delito cometido.
El problema se torna aún más grave cuando por rencillas internas entre bandas rivales dentro de las cárceles, algunos internos han sido asesinados y otros han resultado heridos cuando fueron puestos en una misma celda con detenidos de mayor peligrosidad.