Se espera que mañana el presidente Ernesto Pérez Balladares anuncie los nombres de Carlos Mendoza y Oscar Ceville como los primeros magistrados de la Sala Quinta de Instituciones de Garantías Constitucionales de la Corte Suprema de Justicia.
Hasta la tarde de ayer se mencionó con insistencia que el tercer magistrado podría ser Esmeralda de Troitiño o Elitza de Cedeño, dos nombres que hasta ahora no habían trascendido a la prensa.
Carlos Mendoza es el actual embajador de Panamá en Taiwan, en tanto que Ceville es la principal figura del Ministerio de la Presidencia.
Por su parte Troitiño se desempeña como magistrada de un tribunal superior de menores y Cedeño ocupa un cargo similar pero en un tribunal superior civil.
Lo más probable es que el proyecto aprobado recientemente por la Asamblea Legislativa se convierta también mañana en ley de la república cuando aparezca publicado en la Gaceta Oficial.
En tanto, el presidente de la Asamblea Legislativa, Gerardo González, afirmó que la creación de la Sala Quinta de la Corte Suprema de Justicia costaría al Estado panameño unos B/.600 mil anuales.
Según González, esta cifra no se puede considerar como exagerada, ni elevada, si se toma en cuenta que el Presupuesto General del Estado panameño del año pasado supera los B/.5,000 millones.
Las declaraciones del presidente de la Asamblea se dieron ante el pleno legislativo, durante la discusión del proyecto de ley en tercer debate.
Uno de los argumentos de quienes rechazaron este proyecto era el costo o la inversión que habría que hacer para la creación de la nueva instancia judicial que sólo en salarios de los tres magistrados requiere unos B/.30 mil mensuales, lo cual se traduce en B/.360,000 anuales.
A este monto habría que añadir lo que corresponde a los salarios que habría que pagar a asistentes, secretarias, abogados y demás personal que laboraría en esta nueva Sala de la Corte, también habría que sumar lo que corresponde en gastos de funcionamiento.
Cada uno de los tres nuevos magistrados, según lo dispone la Constitución Nacional y otras normas que rigen la actividad, devengaría un salario mensual de B/.10,000.
En el artículo 25 del proyecto de ley, se dispone que el Estado, por conducto del Organo Ejecutivo, tomará las medidas necesarias a fin de dotar al Organo Judicial de los recursos indispensables para el funcionamiento de la Sala Quinta, hasta tanto se incluya en el próximo presupuesto de la Corte Suprema de Justicia.
Según se establece en el mismo proyecto, los tres nuevos magistrados tendrían que ser nombrados a partir del próximo 1 de agosto.
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