La Ley 29, que permite a las menores embarazadas seguir estudiando en sus escuelas, está vigente, pero ni el ministerio de Salud, ni el de Educación, se ponen de acuerdo en cómo aplicarla.
Un informe reciente del MEDUCA señala que hay poca información entre docentes, personal administrativo, directivos y estudiantes sobre el tema.
Además, es evidente la falta de programas y coordinación entre Salud, Educación y el ministerio de Desarrollo Social, MIDES, se indica en el documento.
El informe sostiene que existe un abismo entre el nivel de conocimiento de la normativa, la sensibilización y la experiencia en el manejo del problema, lo que provoca desarticulación entre las acciones del personal docente de orientación.
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