La realidad social que se vive en el país, en cuanto a la protección de las estudiantes embarazadas, deja en evidencia la morosidad que existe en la aplicación de la ley que les da el derecho a recibir atención de salud integral, su permanencia en el sistema educativo y la protección legal en los casos que se requieran. Una norma -Ley 29 de 2002- que se ha convertido en letra muerta.
El tema preocupa porque en los últimos tres años la cifra aumentó unos 4,706 casos; 262 menores embarazadas más que en el quinquenio de 2005 a 2009. Mientras las estadísticas se disparan, la Asamblea Nacional mantiene en el limbo un proyecto de ley que busca agilizar y actualizar la implementación de la norma, producto de las presiones a favor y en contra de diversos sectores civiles y religiosos y del silencio de las autoridades.
Los que impulsan el proyecto sustentan la propuesta en que los casos ya no se reportan solo en las adolescentes de 15 a 19 años, sino que también toca a menores de 10 años, niñas del nivel primario. Pero las variables son aún más reveladoras. Hay casos de adolescentes de 14 años con hasta tres hijos y de 18 con cuatro, incluso, de jóvenes de 28 años que ya son abuela.
Proyecto sufre revés
El proyecto de ley 305, que fue presentado por la diputada Marylín Vallarino para que se garantice la salud y la educación de las adolescentes embarazadas, logró pasar al tercer debate, pero un día después sufrió otro revés. Después de varios intentos y a un paso de convertirse en ley, la propuesta fue devuelta a primer debate para ampliar las consultas.
Su mayor gestora culpa del “impasse” que sufre el proyecto a las autoridades del Ministerio de Educación, que en los últimos tres años no ha rendido un informe sobre el tema, tal como lo obliga la Ley 29 de 2002. Incluso, Vallarino está dispuesta a desistir si las autoridades se comprometen a aplicar la actual ley.
La verdadera esencia del nuevo documento busca que se le dé seguimiento a las menores que se embarazan a temprana edad, es decir que se les garantice la educación luego de haber dado a luz.
La propuesta no hace distinción en qué sector de la educación se debe aplicar la norma. La misma es de obligatorio cumplimiento tanto en el sector público como privado.
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Sin embargo, los dirigentes del sector privado dicen que ya han dado un gran paso, que les da ventaja sobre el sistema público. Nivia Roxana Castrellón, de la Asociación de Colegios Particulares, aseguró que en el sector privado la educación sexual se empieza a impartir desde el quinto grado, en el programa de Ciencias Naturales. Además, se brindan conferencias de forma periódica que dictan expertos, tomando en consideración la edad y la madurez de los estudiantes.
A diferencia del sistema público, la Asociación no maneja registros de menores embarazadas en estos colegios y tampoco se tiene información alguna sobre el cumplimiento de la norma en cada centro educativo.
En medio de las diferencias están los padres de familias. Aixa Gómez, presidenta de la Confederación de Padres de Familia, no se opone a que en las escuelas públicas se impartan clases sobre educación sexual reproductiva; lo que le preocupa es la forma de cómo se haga. Gómez le apuesta más a resaltar los valores y el respeto por el cuerpo.
Planteamiento de la ley
La Ley 29 de 2002 establece que la menor tiene derecho a recibir durante el embarazo, parto y puerperio (después del parto) atención de salud integral, evaluación y orientación psicológica.
De igual forma se establecen multas de 100 dólares a 200 dólares para quienes incumplan con la legislación.
Con las reformas se pretende modificar tres artículos, uno de estos el número 6, donde busca que no solo las adolescentes reciban la atención especial que necesitan, sino que se les facilite el material educativo, reciban charlas sobre el cuidado y cómo atender a su hijo, se les hable de planificación familiar y emprendimiento económico.
El otro artículo es el 11 donde en vez de un año, el Meduca, Ministerio de Salud y Caja de Seguro Social, en vez de rendir un informe anual de la situación a la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia, deben hacerlo trimestralmente. Sin embargo, el futuro de las reformas tendrán que esperar otro tiempo, ya que nuevamente serán discutidas en primer debate en la Asamblea, donde se realizarán las consultas y se harán las modificaciones pertinente con la finalidad de que pase nuevamente a discusión en el Pleno.
