El ministro de Gobierno y Justicia, José Raúl Mulino, restó importancia a los cuestionamientos que podrían surgir, principalmente de organismos de derechos humanos, tras la decisión del Gobierno de revisar nuevamente la Ley 40 de 1999, sobre responsabilidad penal de adolescentes.
El funcionario dijo que a partir de hoy invitará a diferentes entidades a que participen en una comisión que buscará producir un anteproyecto borrador sobre el particular para que lo apruebe el Consejo de Gabinete y llevarlo a la Asamblea Nacional.
“No podemos seguir manejando este tema con paño tibio y envuelto de una mascarada de derechos humanos que, en alguna medida, por andar dosificando estas cosas nos han creado el problema de los menores”, dijo Mulino en el programa Debate Abierto.
Durante la pasada administración, se debatió el tema de aumentos de penas para los mayores de 14 años, medida que fue rechazada por 11 organizaciones no gubernamentales, constituidas en el Grupo de Vigilancia Permanente de los Derechos Humanos de los Niños y Adolescentes.
El problema, según Mulino, está en los “menores de 12 años que no tienen Dios ni ley” porque asesinan a una persona y se retiran del lugar como si nada hubiese pasado.
“No se trata de un tema de penas sino de prevención”, aclaró el funcionario.
“Ley Zanahoria”. El ministro Mulino también defendió la iniciativa de fijar una hora temprana de cierre de todos los centros de diversión, tal como ocurre en diversos países de la región que suspenden la actividad a las 2:30 a.m.
A esa hora, dijo Mulino, es cuando se activa el mecanismo de venta al detal de droga y de corruptela que incluyen hasta los organismos policiales.
“Una mayor seguridad implica sacrificios de todos los sectores”, agregó Mulino, quien aclaró que este tema no es de su competencia directa pero que coordinará con la Alcaldía de Panamá.
En el pasado, los propietarios de bares y cantinas rechazaron esta posibilidad porque, según ellos, esto ocasionará un efecto negativo a la economía y generará más desempleo.
Los comerciantes fundamentan sus argumentos en que en otros países la medida desencadenó el cierre de hoteles, pensiones, restaurantes, bombas de gasolina y hasta detuvo la circulación del transporte selectivo y colectivo.
En cifras. En 2008, las distintas fiscalías de adolescentes lograron 302 sentencias condenatorias y 95 absolutorias a adolescentes.
Por el delito de homicidio, 106 casos fueron llevados a juicio el año pasado, dos casos menos que el 2007.
El robo es el delito de mayor incidencia entre menores infractores. En 2008 se tramitaron 3 mil 681 expedientes, de los que 534 fueron llamados a juicio.
El 41.6% de los detenidos en los centros de cumplimiento ya cumplió la mayoría de edad.
El Ministerio de Gobierno empieza a estructurar hoy el plan de seguridad.
El Ministro no descartó convocar una marcha si grupos adversan la medida.
