El pago de altos salarios y la ausencia de una auditoría al programa Impulso Panamá son las razones que adujo ayer el contralor Carlos Vallarino para no refrendar un contrato por B/ 51.3 millones con la empresa GFA Consulting Group.
El jefe de las finanzas públicas advirtió que este programa, que busca mejorar la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa, no ha pasado por un proceso de rendición de cuentas, por lo que se desconoce si se ha manejado conforme lo establece la ley.
Panamá Américatuvo acceso a documentos que confirman que el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) -responsable del programa- pretendía pagar a GFA Consulting Group B/ 4.8 millones en salarios, viáticos, honorarios y gastos de personal.
La empresa, de origen alemana, tiene un contrato de fideicomiso con la empresa FMM Trust, S.A., cuyo presidente es José Raúl Mulino, ministro designado de Gobierno y Justicia.
¿Negociado? La directora de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME), Giselle de Calcagno, denunció que existe un "negociado" entre el Gobierno y las empresas consultoras para llevar adelante el programa Impulso Panamá.
Acusó a la actual administración de "viciar" un proyecto que busca mejorar la competitividad de los pequeños empresarios, al manejarlo de forma "política" para beneficiar, supuestamente, a allegados al Gobierno, entre ellos al ex director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos, Samuel Buitrago.
Señaló que Buitrago devenga un salario "altísimo" como asesor legal del programa, pero que "al mismo tiempo y por varios meses" fue uno de los voceros de la campaña presidencial de la oficialista, Balbina Herrera.
La funcionaria aseguró que la negociación y la contratación de las empresas consultoras se realizó "al margen" de la AMPYME para crear un "aborto" que beneficiara a los consultores que tienen "poder político e interés en cobrar esos dineros".
Pero Calcagno no fue la única que señaló que el programa se maneja con matices políticos, el presidente de la Unión Nacional de las Pequeñas y Medianas Empresas (UMPYME), Fernando Márquez, lamentó que ningún incentivo al sector puede servir, cuando su aprobación o dilatación "depende del partido político al que los contratantes pertenezcan".
Señaló que no se ha dado el estímulo para las exportaciones y la innovación, ya que "hay un doble discurso político" para apoyar al sector que cada vez se queda solo y a punto de la quiebra.
En tanto, Enrique De Obarrio, ex presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, dijo que sería lamentable que se obstaculice la continuidad de dicho programa, pero que a pesar de ello, la contratación pública debe darse con la debida transparencia.
Destacó que si el Contralor se niega a refrendar la extensión de los contratos por problemas de rendición de cuentas de Álvarez, entonces tendrá que aclararlo.
Reacciones.
Buitrago aseguró que no ganó la consultoría por pertenecer al partido gobernante, sino porque concursó.
Manifestó que según el contrato no se le inhabilitaba para hablar a favor de Herrera y dar asesoría al programa.
“Yo puedo tener ideas políticas, ese es mi derecho como ciudadano, pero puedo desempeñarme en cualquier aspecto que se me contrate”, sostuvo.
El ex funcionario ganaba B/ 5 mil por participar en la elaboración de los contratos con las empresas ganadoras, entre ellas GFA Consulting Group.
Una fuente del Consejo Económico Nacional (CENA) informó que no han emitido ninguna recomendación al MICI para que se aprueben en esa instancia los contratos del programa.
Manifiesta que la demora para que se apruebe la segunda adenda del contrato, es porque la Contraloría no ha refrendado la primera, lo que atrasa la puesta en marcha de Impulso Panamá.
