El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) “no tiene tiempo” para revisar que las empresas que compiten en sus actos públicos cumplan con la Ley 22 de Contrataciones Públicas, afirmó su directora administrativa, Edna Reyes.
Las declaraciones de Reyes surgen luego de que Panamá Américapublicó ayer que el MIDES adjudicó compras menores y apremiantes por B/ 44,175 a las compañías Ermis y Asteras, a pesar de que ambas pertenecen al mismo grupo económico, situación que es prohibida por la Ley 22.
Cuando el MIDES adjudicó compras a Ermis y Asteras, Reyes era la representante de la Contraloría de la República en este ministerio, pero en mayo pasado renunció a esta entidad para ocupar la Dirección Administrativa del Ministerio de Desarrollo Social.
Es decir, pasó de fiscalizadora a encargarse de las finanzas del MIDES y a firmar las órdenes de compra. Reyes refrendó, como fiscalizadora, la compra del MIDES a Ermis con supuestos sobrecostos.
Además, defendió las adjudicaciones a Ermis y Asteras, negando que se haya violado la Ley 22.
Ermis y Asteras comparten suscriptores y dignatarios, presentan el mismo domicilio y representante legal. Ambas se presentaron como únicos proponentes en unos 11 actos públicos y se adjudicaron varios de ellos.
“No hay nada pecaminoso ni ilegal”, se limitó a afirmar Reyes, pero no presentó un fundamento legal que sustentara su argumento.
La Ley 22 establece que un acto público debe declararse desierto, cuando todas las propuestas presentadas provengan de un mismo grupo económico de sociedades vinculadas.
“Tenemos mucho trabajo, aquí se realiza cualquier cantidad de compras y en el momento no se puede verificar a las empresas”, sustentó. Esto, a pesar de que en los actos públicos cuestionados solo participaban dos empresas: Ermis y Alteras.
Añadió que "no hemos detectado que las empresas estén vinculadas a un mismo dueño".
A Ermis se le vincula con el escándalo de supuestas ventas con sobreprecios por más de B/ 19 mil en equipos de seguridad, que serían usados en el programa "100 a los 70".
Reyes dijo que no se puede hacer nada, porque las empresas no están inhabilitadas para participar en actos públicos.
Silencio total.
La Contraloría, la Dirección de Contrataciones Públicas y la Secretaría Anticorrupción guardaron ayer total silencio sobre este tema.
Panamá América llamó al secretario anticorrupción, Fernando Núñez, y éste rechazó opinar, aduciendo que estaba de viaje; pero, minutos antes, participó en vivo en “El Cañonero de Domplín”.
