En los tres primeros meses del año el Gobierno se gastó más de 150 mil dólares en la deportación de 117 extranjeros.
La mayoría de las personas devueltas tenían como país de origen Nicaragua, Colombia y Bangladesh.
El subdirector de la institución, Javier Ruiz, explicó que los extranjeros permanecían en los albergues a la espera de que la Corte Suprema de Justicia resolviera unos hábeas corpus que presentaron.
Igualmente, en este mismo período la entidad realizó en todo el país 18 operativos en los que se logró retener a 201 personas, de las cuales 29 estaban ilegales, informó Ruiz.
Mientras que otros 41 extranjeros tenían sus permisos vencidos. Además, se remitió ante las autoridades a una persona que mantenía un documento fraudulento, otros 120 no portaban permisos respectivos para laborar y 10 extranjeros fueron verificados.
Uno de los principales problemas que enfrentan las autoridades de Migración es la entrada ilegal de los ciudadanos extracontinentales por la frontera con Colombia.
“Panamá, para los extracontinentales, es solo un país de tránsito”, afirmó Ruiz.
Añadió que “los aparatos de inteligencia han establecido que estos extranjeros entran por Brasil, hacen tránsito terrestre por Colombia y en la frontera... los coyotes se encargan de pasarlos por las trochas”.
Hasta el pasado 8 de abril, se mantenían en los albergues de la institución a 34 bangladesíes, 17 nepalíes, y 10 afganos a la espera de ser deportados.
El Servicio Nacional de Migración se gasta mensualmente cerca de 40 mil dólares por mantener a los extranjeros en los albergues de la institución.
