Las denuncias presentadas por estudiantes contra docentes, acusándolos de delitos contra el pudor y la libertad sexual ha generado reacciones por parte de las autoridades del Ministerio de Educación.
El asesor legal del Ministerio de Educación, José Pío Castillero, asegura que una vez se presenta una denuncia de este tipo le corresponde a la entidad iniciar las investigaciones.
Sostiene que a esta entidad le compete proceder con las sanciones disciplinarias que van desde el traslado del docentes, hasta casos más graves como la destitución.
No obstante Castillero aclara que simultáneamente el Ministerio Público inicia un proceso penal.
El Decreto Ejecutivo 618 de 9 de abril de 1952 establece amonestaciones por escrito y traslado, además de las faltas que dan como consecuencia la destitución de cargo, tales como las conductas que rigen contra la moral que debe observar un educador, acoso sexual y delitos contra el pudor y la libertad sexual.
El representante de la ACP enumera algunos proyectos turísticos en las áreas revertidas como Kobe, Farfán, Veracruz, Howard y Horoko, que demandarán un suministro de agua que el IDAAN no puede suplir.
Explica que antes suplían agua en cantidades menores hasta Arraiján, pero con la creación de la potabilizadora de Laguna Alta, dejaron de comprar agua hacia esta zona; por lo que ahora se buscará que la ACP aumente su capacidad de producir agua para mandar a oeste de forma considerable.
"Nosotros tenemos en el presupuesto para el próximo año, ampliar la planta de Miraflores" explica Sáenz. La misma produce 48 millones de galones de agua diarios, a los que se pretende agregar 24 millones.
La obra es complicada, "habría que pasar por debajo del Canal", advierte Sáenz; pero antes de invertir, esperan tener un acuerdo de precios y compras.
"No podemos hacer una inversión sin una garantía de que se va a recuperar" advierte Sáenz, quien asegura que no se trata de tener ganancias, pues el agua no es un negocio que les represente beneficio económico.
El convenio suscrito tiene un período de cinco años, prorrogables por otro lustro. La medida incluye un posible acuerdo tarifario de agua potable y la cantidad de agua necesaria para suplir a la población panameña, por los próximos 30 años.
