El Ministerio de Seguridad Pública prohibió, a partir del martes pasado, la importación de armas de fuego hasta que entre en vigencia la nueva ley de tenencia y porte de armas que será discutida en el próximo período de la Asamblea Nacional.
“Es una decisión de Estado, por seguridad de Estado, y se trata, por ahora, de una medida indefinida. Vamos a caerle al mercado negro también, porque muchas de las armas que entran legales al país se ilegalizan”, expresó José Raúl Mulino, titular de la entidad.
Importaciones.
De acuerdo con el director institucional en Asuntos de Seguridad Pública, Carlos Prosperi, por año se importan en Panamá un promedio de 17 mil armas.
Sin embargo, explicó que se tendrán que reunir para tomar una decisión en cuanto a los pedidos que se hicieron desde los meses de abril y mayo.
Panamá Américaintentó conocer la opinión de los dueños de empresas dedicadas a la venta de armas, pero solo se remitieron a decir que la decisión “perjudicaría bastante”.
Se conoció que el Ministerio de Seguridad Pública había enviado a estas compañías las respectivas notificaciones.
PNUD.
Por su parte, Peter Grohman, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), indicó que por la posición geográfica de Panamá es de gran preocupación los delitos relacionados con el narcotráfico y el tráfico de armas.
Grohman informó que “a nivel regional, más de 80 por ciento de los delitos se cometen con arma de fuego... Panamá no es una excepción a la tendencia centroamericana”. También dijo que de acuerdo con información suministrada por el Sistema Integral de Estadísticas Criminal (SIEC) entre los años 2005 y 2009 se observó un incremento sostenido de los homicidios cometidos con armas de fuego.
Para el 2005, poco más de el 50% de los asesinatos se cometían con estas armas; sin embargo, para el 2009 la cifra aumentó en más de 80%, detalló.
Ante esta situación se hace necesario aumentar los controles institucionales de la tenencia e importación legal de armas, recomendó.
La nueva ley de tenencia de armas establecerá un marco normativo en esta materia para suplir un vacío legal en cuanto al porte, actividades de importación, exportación, comercialización, almacenaje, intermediación, transporte y tráfico de armas y municiones por parte de particulares.
