El Ministerio de Educación instaló ayer la comisión bilateral que revisará un anteproyecto que modifica la Ley 28 con el fin de establecer la descentralización del sistema educativo nacional y eliminar las 13 juntas encargadas de los nombramientos y traslados de los docentes.
Los dirigentes magisteriales y los representantes del Ministerio de Educación se reunieron ayer para evaluar el primer borrador de este anteproyecto de ley.
De acuerdo con el secretario general de la Asociación de Maestros Independientes Auténticos, Luis López, este borrador es el primer paso para la derogación de la Ley 28, aunque consideró que antes de cualquier acción es necesario que todos los gremios unifiquen criterios sobre el tema.
"Esperamos que cuanto antes este anteproyecto de ley llegue al Consejo de Gabinete y luego al pleno de la Asamblea Legislativa para su aprobación", advirtió.
López consideró además que esta iniciativa "llena en parte" las expectativas de los docentes, ya que el Ministerio de Educación mantiene la disposición de continuar escuchando a los gremios magisteriales.
Por otra parte, López informó que se espera que en los próximos días el gobierno convoque un encuentro entre los educadores y la comisión que estudia la modificación de la ley que reformó las jubilaciones especiales.
Actualmente representantes del Ministerio de Educación y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se encuentran evaluando una propuesta en torno al tema de las jubilaciones especiales y que será presentada a los educadores, para su estudio.
Por otra parte, el Frente Reformista de Educadores Panameños (FREP) rechaza los planteamientos neo-liberales que promueven la privatización de la educación, manifestó ayer el secretario general de este gremio, Marcos Méndez.
"Nosotros vamos a defender la educación pública, porque sabemos que la situación actual de los países latinoamericanos no permite una privatización de la educación", declaró.
En su opinión, las actuales autoridades ministeriales parecieran tener la intención de realizar cambios favorables a la enseñanza pública, pero teme que "se den presiones" para seguir la misma política del gobierno anterior.
Según Méndez, la educación pública es un derecho de los pueblos de América y constituye una conquista que no se puede permitir que se arrebate por los sectores pudientes.
