El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no pagará los B/.3.6 millones al abogado Candelario Santana en concepto de servicios profesionales prestados a los extrabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE), al tiempo que solicitará al procurador de la Nación, José Antonio Sossa, que inicie una investigación en la que deslinde responsabilidades por la posible comisión de irregularidades en este proceso.
De acuerdo con Norberto Delgado, titular del MEF, enviará un informe al procurador donde le plantea que existen méritos para iniciar una investigación sin dilación en la que deslinde responsabilidades sobre el manejo dado a este caso.
Según el funcionario, el juez Séptimo del Primer Circuito Judicial de Panamá en el Ramo Civil, jamás debió acoger y menos correrle traslado a la querella de desacato propuesta en su contra.
Sostuvo que, según el artículo 86 del Código Judicial, sólo la Corte Suprema de Justicia tiene la competencia del conocimiento privativo de las causas que se presenten contra ministros de Estado, entre otros funcionarios.
Puntualizó que los dineros solicitados constituyen prestaciones laborales de los trabajadores del IRHE, consagradas como tal por la Ley 6 de 1997, y el Decreto Ejecutivo 42 de 1998, que reglamentó el artículo 170 de la mencionada ley.
"Ese patrimonio laboral al mismo tiempo estaba, debe estar y debe continuar estando totalmente protegido por las normas, principios y reglas constitucionales y legales para resguardarlo de todos aquellos actos ilegítimos que se realicen con el propósito de desviar, mermar o de algún otro modo menoscabar la integridad y destino de dicho patrimonio", anotó.
Planteó que pese a lo anterior el juez decretó embargo sobre bienes inembargables, fundamentado únicamente en una mera declaración del entonces secretario general del sindicato del IRHE.
"Impedir el libre tránsito como lo establecen los tratados sería atacar el mayor recurso que tiene este país", señaló Boursin. Los buques con carga radioactiva tienen varias rutas para llegar a sus destinos y una de ellas es Panamá, otros pasan por el Cabo de Hornos. A las autoridades del Canal de Panamá se les avisa con treinta días de anticipación si existe la posibilidad de que un barco de esta naturaleza atraviese la vía interoceánica.
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