Para el secretario general del Ministerio Público, Rigoberto González, la decisión del Juzgado Primero Penal de ampliar la investigación por el incendio del bus 8B-06, donde murieron 18 personas, no quiere decir que hubo deficiencias por parte de la Fiscalía Primera de Circuito.
González sostuvo que estas son acciones muy comunes por parte de los juzgados, cuando se quiere agotar cualquier duda razonable en una investigación.
El funcionario desestimó las críticas realizadas por abogados de la acusación particular a la fiscal primera de circuito, Zuleyka Moore, quien instruyó las sumarias.
En tanto, Víctor Martínez, representante legal de Lidia Atencio y Luis Contreras sobrevivientes de la tragedia, aseguró que la decisión del juzgado demuestra que no se investigaron algunos detalles relacionados con el incendio del autobús.
Martínez sostuvo que existió una serie de aspectos que no fue tomada en cuenta por la fiscalía, como el uso del gas refrigerante HC 12a en el sistema de aire acondicionado del bus Mano de Piedra-Corredor. Alegó que tampoco se analizó si el vehículo al momento de obtener su certificado de operación contaba con las medidas de seguridad para prestar el servicio.
En este caso permanecen detenidos los hermanos Ariel y Próspero Ortega, conductor y propietario del vehículo y el mecánico Edwin Jiménez.
Los tres enfrentan cargos por homicidio culposo.
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