El procurador José Antonio Sossa aseguró ayer que el Ministerio Público ha salido exitoso en investigaciones relacionadas con grupos que luego de la Declaración de Panamá, son calificados como terroristas, pero que existe ambivalencia por parte de algunos sectores que por un lado formulan precauciones y compromisos, pero por otro recortan la capacidad de acción de su despacho.
"Nosotros nunca hemos buscado protagonismo ni publicidad en cuanto a victorias en este campo, y por mandato constitucional son quienes generan el combate a estas actividades ilícitas a través de las fiscalías", aseguró.
"Hemos obtenido reconocimiento internacional por este tipo de luchas, aunque aquí por afán de la crítica imperante en todos los sectores no se nos da, pero fuera del país sí se ha ido reconociendo este trabajo", detalló.
Sossa al referirse al acuerdo alcanzado por los presidentes de Centroamérica y Colombia aseguró que para mejorar el nivel de éxito en este tipo de investigaciones, se requiere del respaldo del resto de las instituciones del Estado.
A su juicio en los últimos meses ha observado con preocupación que el Ministerio Público se le disminuye su capacidad de perseguir sus delitos. Sossa hizo alusión a los casos de corrupción, que cuya investigación ha quedado prácticamente fuera del alcance de su despacho.
Para el jefe del Ministerio Público, aunque en Panamá no existe un delito que lleve el calificativo de terrorismo, dentro del ordenamiento jurídico hay normas que persiguen este tipo de actuaciones delictivas.
Alegó que luchar contra este tipo de delitos requiere tanto del respaldo de las estructuras estatales como particulares, pero que hoy el Ministerio Público se encuentra muy limitado por la falta de recursos y además con la aprobación de algunas leyes se le impide la investigación de algunos delitos.
Dijo que a raíz de esto, hace dos años se presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia que aún se encuentra pendiente de resolver por parte de esa corporación de justicia.
