Por casi hora y media, el ministro para Asuntos del Canal, Jerry Salazar, respondió un cuestionario en la Fiscalía Electoral relacionado con la destitución de cerca de 30 funcionarios de esta dependencia y que según los afectados tienen un carácter político.
El fiscal electoral, Gerardo Solís, explicó que Salazar se presentó de manera voluntaria a las oficinas de la Fiscalía, sin embargo, debido a la obligatoriedad que tiene de guardar la reserva del sumario, no adelantó criterios acerca de la investigación.
No obstante, sí adelantó que dentro de las investigaciones se citará a otros funcionarios para confirmar algunos hechos ocurridos en una reunión que hasta ahora se reconoce que existió.
Destacó que en el interrogatorio, Salazar hizo los descargos sobre su actuación al destituir a los funcionarios, a pesar de que éste, por su grado de ministro, no está obligado a responder estas preguntas. Admitió que aún la Fiscalía Electoral tendrá que recopilar más pruebas, para entonces decidir si se entra en una investigación más amplia o profunda.
Solís recordó que no sólo a Salazar se le ha enviado un cuestionario, sino también al ex ministro de Obras Públicas, Víctor Juliao, quien reconoció que había hecho destituciones y nombramientos de carácter político.
Agregó que a Juliao se le enviaron de manera reiterada varios cuestionarios sobre esta situación y la investigación resultante fue remitida al Tribunal Electoral de Panamá, que la está evaluando.
El ministro Salazar, quien al término de la reunión salió sin que pudiera ser abordado por la prensa, destacó al inicio que se había presentado de manera voluntaria para responder el cuestionario y conversar con el fiscal electoral.
Aclaró que no asistió a la Fiscalía para responder, sino para dialogar con el fiscal electoral, porque a su juicio sólo hizo uso de su facultad de reorganizar el ministerio a su cargo.
Por su parte, el representante legal de los trabajadores destituidos, Eduardo Peñaloza, lideró a un grupo de ex funcionarios que también asistió a la Fiscalía para hacer nuevos aportes, con el fin de demostrar que las destituciones tienen ribetes políticos.
Peñaloza dijo que además de la esfera electoral, los trabajadores despedidos recurrirán a la vía administrativa gubernativa para hacer valer sus derechos.
