El Ministerio Público podría abrir un proceso por el supuesto delito de "omisión" contra el ministro de Educación, Salvador Rodríguez, luego que la Fiscalía Anticorrupción revelara que no se ha presentado como querellante en el proceso que se le sigue a las empresas que participaron en los contratos de remoción de la fibra de vidrio en las escuelas.
El Artículo 350 del Código Penal establece que "el servidor público que legalmente rehusa, omita o retarde algún acto propio de su cargo será sancionado con prisión de seis meses a un año o equivalente en días multas o arresto en fines de semana".
Para el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Edgardo Molino Mola, los funcionarios que no procedan en favor de los intereses de la institución que representan, principalmente cuando se presume que hay lesión patrimonial, "pueden ser investigados por las autoridades".
Investigación.
La Fiscal Primera Anticorrupción, Mercedes de León señaló que el Ministerio de Educación (MEDUCA), no se ha constituido en parte querellante en el proceso, a pesar de que la Contraloría General de la República adelanta auditorías en diferentes escuelas del país.
Panamá América reveló que algunas de las 34 empresas contratadas de manera directa , por el ex ministro de Educación, Belgis Castro, no cumplieron con lo pactado.
Algunas de ellas eran de reciente creación y otras se dedican a vender golosinas y computadoras, por lo cual no contaban con "vasta experiencia" para la remoción de la fibra de vidrio.
También se reveló que dentro del listado de los 592 centros educativos que tenían fibra, se incluyeron 14 escuelas de zonas rurales de Bocas del Toro que no contaban con este aislante térmico.
Reclamos.
La presidenta de la Asociación de Padres de Familia Independientes, Aixa Gómez, dijo que muchos padres de familia están pagando las consecuencias económicas del problema generado por la fibra de vidrio lo que ha obligado a extender el año escolar 2008.