El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), Mario Etchelecu, debe ser sometido al mismo procedimiento judicial que recibieron funcionarios del gobierno pasado.
Así lo plantearon juristas y expertos que pidieron una nueva investigación por no cumplir con el requerimiento de "urgencia notoria" que establece la ley de contrataciones para las licitaciones abreviadas.
Y es que el propio ministro Mario Etchelecu reconoció el jueves pasado, durante su intervención en la Asamblea Nacional, haber otorgado al menos 30% de las contrataciones aplicadas en el proyecto Techos de Esperanza por medio de contrataciones abreviadas.
Ante esto, el Colegio Nacional de Abogados de Panamá (CNA) estableció como una clara falta que debe ser investigada la decisión tomada por el titular del Miviot en aprobar este tipo de compras, sin pasar por una urgencia notoria.
Al respecto, el abogado Neftalí Jaén explicó que la Ley 22 sobre las contrataciones públicas fue la misma que utilizaron empresarios como Roberto Carretero y Carlos Caneto Araúz, que hicieron contratos con el gobierno anterior, bajo el mismo concepto, y hoy están siendo investigados.
Ahora, empresarios como Pedro Vallarino y Carlos Lee, entre otros, lo siguen utilizando, pero no son procesados de igual forma, agregó.
"Caemos en la apreciación de justicia selectiva. Para unos sí es delito y para otros no; ese es el doble discurso que maneja la actual administración", indicó.
Añadió que es la misma ley que están utilizando los empresarios en esta administración, no obstante, consideró que la norma no ha sido cambiada porque se han percatado de que no es el problema.
"Como se trataba de una justicia selectiva había que correr a aplicarle una detención preventiva para hacerle ver a la población que se había cometido un delito, pero es lo mismo que están haciendo actualmente", expresó el abogado.
Por su parte, el dirigente del PRD, Rolando Mirones, señaló que como seres humanos estamos propensos a cometer errores, pero el problema es hacerlo de manera repetida y con precedentes. "Es lo que le está pasando al Gobierno".
"Debe haber una diferencia entre hacer las cosas rápido y hacerlas correctamente", amplió Mirones, al señalar que no se explica cómo el Gobierno esté actuando de la misma forma que han condenado y de la cual se han ordenado ya varias detenciones.
"Es hasta peor que las personas que lo hicieron originalmente y no se trata de una aptitud de un funcionario, sino que el propio presidente y otros ministros lo están avalando. Es decir que lo correcto no está en el acto, sino en las personas que lo realizan", criticó.
Para Mirones, el Gobierno ha actuado con la misma ley de contrataciones del anterior, y ahora pretenden cambiarla, cuando ya se ha hecho la mayoría de proyectos de gran costo.
"Parece un doble discurso porque si querían cambiar el país, debían modificar las reglas", indicó.
Incluso, el diputado panameñista José Antonio Domínguez ha cuestionado que no se utilicen adecuadamente los métodos de licitación que exige la ley.
Señaló que las licitaciones abreviadas buscan acortar los largos tiempos, en cuanto a publicaciones para realizar los actos; sin embargo, manifestó que debe haber más claridad por parte de todos, y si se va hacer el acto, dar un periodo prudencial.
"Sí se puede hacer en menos tiempo, pero con el acuerdo de los participantes, no debe haber problema. No obstante, si solicitan una extensión de tiempo, debe darse", consideró.
Para el también presidente de la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Nacional se deben especificar los criterios de la urgencia notoria.
"Lo otro es que sea una compra directa y que la asuma el presidente. Si quiere hacer eso, que se arriesgue, pero no permita que otros funcionarios usen este sistema que los haga subir y bajar escaleras porque se consideran procesos ilegales", concluyó.
