"Tenemos una nueva relación con EU, una nueva relación que los panameños debemos entender, magnificar, tratar de entenderla y al igual que todos los países necesitados de la región, debemos aceptar la cooperación", alegó el premier.
Salas, quien ayer inauguró la Primera Conferencia de Ingenieros y Arquitectos Civiles y Militares de Centroamérica, en la que también participaron especialistas de EU, indicó que el programa estará coordinado por el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC).
El ministro también negó que estén coordinando con el gobierno estadounidense la creación de nuevos puestos fronterizos conjuntos, en el marco del Plan Colombia.
En cuanto a la dinámica del Programa Nuevos Horizontes, detalló que la ayuda se fundamentará en la construcción de caminos, escuelas, hospitales, además de la realización de giras médicas que requieren las poblaciones indígenas, "que por razones presupuestarias el gobierno atiende de manera limitada".
Insistió en que la inversión derivada de la cooperación será millonaria y permitirá mejorar el nivel de vida de las poblaciones indígenas de la región chiricana.
Aníbal Salas también se refirió al debate generado por la discusión de una nueva ley de prensa por parte de la Asamblea Legislativa y manifestó ser muy respetuoso de las actuaciones que se dan en la Asamblea Legislativa.
No obstante, consideró que existen muchas disposiciones vinculadas al ejercicio del periodismo y a la libertad de expresión que deben ser revisadas, debido a los vacíos que contienen y por ser extemporáneas.
Recordó que la instancia que dirige instaló una comisión en la que ha invitado a todas las agrupaciones interesadas, a participar y expresar sus inquietudes, de forma que se pueda lograr un documento de consenso.
Otro tema abordado por el ministro de Gobierno y Justicia fue el del tráfico de armas, que involucró a varios países de la región. Comentó que el gobierno panameño puso en manos de la OEA las investigaciones y será ésta la que deberá deslindar la responsabilidad del caso.
Asimismo, explicó que durante los dos primeros años del desarrollo de la granja, el Patronato de Nutrición otorga asesoría técnica una vez por semana. Al tercer o cuarto año la asistencia es una vez al mes. Se trata de orientación en técnicas de producción, manejo de fondos y mercadeo para vender los excedentes.
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(*)Cantidad de granjas proyectadas al final de 2002.
Para iniciar los trabajos en una granja se necesita la participación de 12 a 15 familias, con un promedio de seis miembros. No obstante, en las áreas indígenas pueden ser hasta ocho personas por familia.
Entre los pobladores se elige una junta directiva, con su respectivo presidente. Se hace énfasis en adiestramiento para trabajar en grupo, porque nuestro campesino es muy dado a trabajar de forma individual y familiar. Una vez capacitada y con asistencia permanente, la gente tiene que trabajar la tierra, cuidar el proyecto y mantener una producción sostenible en la granja.
Ellos tienen un manual de granjas y siguen un cronograma de actividades mensuales, que prepara el Patronato. Además tienen que administrar una cuenta de ahorros, donde mantienen los fondos, producto de la venta de los excedentes. "Se les acompaña en las decisiones que toman en lo referente a tipos de siembra y se les asesora para que sean más eficientes en su producción. También se les da asistencia para la organización y se les ayuda a llevar sus libros", expresó.
A cada familia le corresponde cuidar a los animales dos veces a la semana, lo cual incluye su alimentación. "La gente trabaja sola, si no tienes esa disposición, no sirve el proyecto", apuntó Gallegos.
El proyecto de las granjas cambia un poco cuando se trata de áreas indígenas, pues estos son grupos que les cuesta más asimilar los cambios, expresó Gallegos. En los lugares indígenas el patronato no compra los terrenos para la granja, porque allí las tierras le pertenecen a la comarca, y las autoridades son las que asignan las tierras a las personas, quienes no la pueden vender.
Por esa razón -explicó Gallegos- lo que se hace es un acuerdo con la comarca para que le permitan a una persona de la comunidad poner su propiedad a disposición de la granja durante 10 años.
