Las denuncias por el abuso en la aplicación de la medida cautelar de detención preventiva, ahora surgen desde dentro del propio gobierno de Juan Carlos Varela.
A las voces de protesta de la sociedad civil, del conglomerado empresarial y de varios sectores políticos, quienes se oponen al exceso en el otorgamiento de estas y otras medidas cautelares, se une la del ministro de Gobierno, Milton Henríquez.
El funcionario, que además es abogado, se mostró preocupado porque a través de un informe internacional, se enteró de que Panamá ocupa el primer lugar de una lista de países mal calificados por el número de detenciones preventivas que impone.
“Somos el país que más abusa de la detención preventiva. En los dos últimos años, a raíz de esta situación, la población penitenciaria ha aumentado en más de 20% y, además, vemos una aceleración en el porcentaje de aumento”, indicó.
Henríquez, aliado político de los panameñistas, expresó que el Gobierno debe tener en cuenta que se están violando las garantías judiciales e incluso los derechos humanos de muchas de las personas que actualmente son investigadas por presuntos actos de corrupción.
“Eso significa que tenemos que prestarle atención al tema, de que tenemos que tener alternativas para aquellas personas acusadas o condenadas por algún delito”, declaró Henríquez.
Al respecto, Carlos Lee, de Alianza Ciudadana Pro Justicia, detalló que se trata de una mala práctica de funcionarios que por alguna razón aplican distorsionadamente esta medida que según la ley debe ser la última en considerar.
“Nuestras leyes procesales establecen que la detención preventiva debe ser la última de las medidas que se apliquen; hay otras medidas alternas, sin embargo, nuestros tribunales tienen una cultura inquisitiva de aplicar la cárcel preventiva, a pesar de que procuradores han girado notas a los fiscales para que busquen medidas alternas”, explicó Lee.
Por su parte, el exfiscal auxiliar Neftalí Jaén comentó que las palabras de Henríquez confirman las denuncias que han presentado juristas en los casos de presunta corrupción que actualmente investiga el Ministerio Público.
“No solo se trata de aplicación de prisión preventiva, sino que se están otorgando medidas cautelares de forma selectiva. Coincido con lo que señala el ministro Henríquez, por ello el presidente Varela debe escuchar atentamente sus palabras”, comentó Jaén.
El jurista y exprocurador Rogelio Cruz expresó que se trata de una conducta que se viene denunciando hace muchos años, pero que el actual Gobierno la ha usado a su antojo en casos políticos.
“Se ha criticado duramente esta posición, porque se le considera como una condena anticipada. En los últimos meses, el Ministerio Público ha recrudecido esta medida, a pesar de que el nuevo Código Procesal Penal en sus primeros capítulos ya rige en todo el país”, dijo Cruz.
Según las leyes panameñas, y por normas internacionales de las que Panamá es signataria, la aplicación de la detención preventiva debe ser la última de las alternativas de debe aplicarse por un periodo corto.
Aplicación de medidas cautelares como justicia selectiva se denunció
Una denuncia contra la administración pública en la modalidad de moción fue presentada por el abogado Benito Mojica ante la Procuraduría General de la Nación.
La denuncia surge tras las medidas cautelares arbitrarias que vienen ordenando los fiscales anticorrupción en contra de funcionarios del pasado gobierno, con el apoyo del Sistema Penitenciario, que atropella el derecho a la libertad, todo aunado al silencio apadrinador del Ministerio de Gobierno.
Sobre las detenciones preventivas ordenadas, el abogado Mojica recordó que la sede de la Policía Nacional y la de la DIJ son sistemas transitorios.
“Los exfuncionarios investigados no tienen por qué estar allí más de 8 días privados de su libertad, como está ocurriendo”, denunció el jurista.
Mojica agregó que la justicia selectiva que impera guarda relación directa con los fiscales anticorrupción que están decretando detenciones preventivas sin sustento.
