Esto tiene una razón de ser, según Ilian Lacayo, directora de Relaciones Internacionales del Despacho de la Primera Dama.
La explicación es que todos esos convenios y acuerdos realmente no se hacen entre estados, sino que se firman con fundaciones y empresas privadas; por ende, asegura que no comprometen al país en sus relaciones internacionales.
"Si fuera entre estados, no sólo tendría que ser revisado por el canciller, sino que hasta a veces tendría que pasar por la Asamblea Nacional", comentó la funcionaria.
Lacayo profundizó en el tema argumentando que estas gestiones de la Primera Dama en realidad son los llamados convenios de cooperación, que se establecen con fundaciones, asociaciones y empresas privadas.
En ese sentido, detalló que si la Primera Dama sale a buscar cooperación y se la ofrecen, esto no puede funcionar bajo la palabra. Por ello se firman acuerdos de intención o marco, con regulaciones muy generales, que especifican que existe la voluntad de dar algo.
Es válido resaltar que según la funcionaria, nunca se ofrece el apoyo con una condición o a cambio de algo. Advierte que por lo regular estos convenios son sólo ofrecimientos muy abiertos, sin ningún tipo de cláusula penal, condicionamiento o implicación para el Estado, ni tienen que ver con erogaciones presupuestarias.
El Despacho de la Primera Dama de la República jurídicamente tiene el nombre de Secretaría de Coordinación de Asuntos Comunitarios y Desarrollo Social.
Parte de sus orígenes y fundamento legal se basan en el Decreto Ejecutivo No.73 del 10 de junio de 1983.
En ese decreto se estipula que esta Secretaría estará a cargo de la Primera Dama de la República, quien será la máxima autoridad en ella.
