El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) anuló las elecciones realizadas por el Sindicato Unico de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS) el pasado 14 de marzo, ya que, a juicio de las autoridades, en la nómina se incluyó a un candidato de origen colombiano.
El Panamá América obtuvo copia de la nota 223, DOS 2002, que lleva la firma del jefe del Departamento de organizaciones sociales del MITRADEL, Carlos Checa Arrieta, quien expone que la nómina que logró el triunfo con Genaro López a la cabeza, incluyó a Rusbel Murillo Vergara con cédula 8-47-114 como parte de la directiva, sin embargo, este número de cédula corresponde al panameño Eduardo Blandón Ortega.
La sustentación del MITRADEL se basa en que el artículo 64 de la Constitución Nacional establece que las juntas directivas de las asociaciones (sindicatos) estarán integradas exclusivamente por panameños, razón por la cual la postulación y posterior elección de Murillo Vergara, como secretario de Fiscalización, es contraria a la norma constitucional, "toda vez que el referido señor es natural de Colombia".
La nota enviada a López como secretario general del SUNTRACS, reconoce que el Departamento de organizaciones sociales del MITRADEL había certificado mediante las notas 511, 512 y 513 todas del 25 de marzo del 2002, la elección de la nueva junta directiva para el período 2202-2004.
Sin embargo, las investigaciones realizadas a raíz de la denuncia presentada por Domingo Valdés Jiménez, quien había participado como candidato a la Secretaría General, demuestran que hubo violación de los preceptos constitucionales y del Código Laboral, por lo tanto el Departamento de Organizaciones Sociales del MITRADEL "se ve impedido de certificar legalmente la referida Junta Directiva del SUNTRACS hasta tanto se realicen los correctivos pertinentes por parte de la Asamblea General en su calidad de máxima autoridad de la organización social conforme al artículo 362 del Código de Trabajo".
Añadió que próximamente dictará las resoluciones que establecerán las bases reglamentarias y legales para el proceso interno. "La solicitud presentada al Tribunal se fundamentó en querer realizar las cosas de forma transparente ante los ojos de la ciudadanía, dentro del calendario fijado, con la seriedad y responsabilidad que amerita", enfatizó.
Por esa razón -explicó Gallegos- lo que se hace es un acuerdo con la comarca para que le permitan a una persona de la comunidad poner su propiedad a disposición de la granja durante 10 años.
