El Ejecutivo modificó el decreto que regula las sanciones aplicables a los miembros de la Policía Nacional que cometan faltas, para establecer que las unidades investigadas no podrán ser separadas de sus cargos por más de 60 días y que mientras dure la investigación seguirán cobrando su salario.
Señala que los policías investigados por faltas gravísimas podrán ser separados provisionalmente de sus cargos por orden del director general de la Policía Nacional e incluso arrestados dentro de la institución sólo por 60 días.
"Este tipo de separación no afectará la remuneración del investigado y sus efectos se mantendrán hasta que el presidente de la República o la Junta Disciplinaria Superior, según sea el caso, profiera su decisión", sostiene el documento suscrito por Pérez Balladares.
La modificación decretada por el Ejecutivo obedece a que los familiares de los policías investigados se quejaban de que en varias ocasiones estas unidades eran absueltas, pero ellos quedaban desprotegidos económicamente mientras duraban las pesquisas.
Los policías investigados tienen derecho a que se les cite oportunamente para que comparezcan ante la junta disciplinaria, que sean informados del motivo de su comparecencia y que la institución le proporcione una defensa técnica.
Sin embargo, el acusado podrá renunciar al derecho de ser representado por un abogado y asumir personalmente su defensa.
En caso de encontrarse mérito para decretar la destitución, la Junta Disciplinaria rendirá un informe motivado que contenga la recomendación pertinente al director general para que éste la remita a la instancia superior correspondiente.