La Ley del Transporte debe ser abolida en su totalidad porque no ofrece ningún tipo de garantías a los usuarios, manifestó Ricardo Salcedo, asesor legal de la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor (CLICAC).
Destacó que la Ley del Transporte se vició al incluir en la junta directiva de la Autoridad del Transporte una representación desproporcionada de la dirigencia transportista.
De acuerdo con Salcedo, con la proliferación de cupos en Panamá se legalizó la corrupción en el sector transporte y ante esta situación, el Estado debe tomar una decisión al respecto.
Explicó que el Estado tiene dos opciones: otorgar concesiones de rutas en licitaciones públicas o estatizar el sector, porque el sistema que existe actualmente es contraproducente.
Añadió que los cupos se dan "a quienes tienen poder político, ya sea a través de los sindicatos o por medio de los contactos con el gobierno".
Durante las últimas semanas dirigentes de diferentes organizaciones transportistas del país se han formulado fuertes acusaciones de corrupción por la utilización y asignación de certificados de operación.
