La ex Directora de Mejoramiento Habitacional del Ministerio de Vivienda (MIVI), Cecilia Monteza, rindió ayer una declaración jurada ante la Fiscalía Primera Delegada y se retractó de las acusaciones vertidas contra el Presidente de la Asamblea Legislativa Gerardo González sobre la transferencia de B/. 500 mil de su partida circuital, pero reiteró sus denuncias sobre las irregularidades en el uso Programa de Apoyo Rápido de Viviendas de Interés Social (PARVIS).
Monteza, cuya declaración se extendió por más de cuatro horas, señaló que nunca acusó a Gerardo González de haber desviado B/. 500 mil de su partida circuital para otras actividades y que sus declaraciones fueron tergiversadas.
No obstante, se mantuvo en su afirmación de ser objeto de una persecución política por parte de Gerardo González y que si se registraron graves irregularidades en cuanto al manejo de los PARVIS a nivel nacional.
Alegó que incluso se le está impidiendo participar en la reorganización a lo interno del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y que existen personas muy interesadas en impedir su accionar dentro del partido.
La ex funcionaria del MIVI dijo que acudió a la fiscalía a pesar de mantener inmunidad electoral, por haber participado como candidata a legisladora por el circuito 8-10 en los comicios electorales del pasado mes de mayo.
En tanto una fuente del MIVI reveló que las investigaciones deberían dirigirse hacia los responsables del almacén de esa institución, ya que allí deben reposar los comprobantes sobre el destino final de los materiales e insumos utilizados en los PARVIS.
También trascendió que se está realizando una inspección casa por casa en los proyectos del PARVIS realizados a nivel nacional. A la vez se informó que en los próximos días acudirán a declarar a los ex ministros Rogelio Paredes y Francisco Sánchez Cárdenas.
La Contraloría de la República y el Ministerio de Vivienda culminarán esta semana la investigación sobre la malversación de fondos y recursos del Programa de Ayuda Rápida de Viviendas de Interés Social (PARVIS), al tiempo que el asesor legal de la institución, Guillermo Zúñiga, solicitará a la Procuraduría de la Nación una ampliación de la demanda presentada por estas irregularidades.
De acuerdo con el vocero del MIVI, Tomás Cabal, la investigación actuarial de los fondos del PARVIS arrojó un faltante que alcanza el millón de balboas.
Indicó que se detectaron irregularidades de tipo administrativo que se deben verificar para determinar si se cometieron por omisión o comisión.
Precisó que las irregularidades fueron ubicadas en el almacén central donde hay faltantes de materiales y otros que no fueron entregados sino desviados con otros fines.
Detalló que es probable que algunos funcionarios de la institución tengan que explicar ante las autoridades por qué se dieron estas irregularidades y no se aplicaron los controles adecuados.
Señaló que le corresponderá al Ministerio Público determinar qué funcionarios tienen que rendir indagatoria y aplicar las sanciones correspondientes.
Agregó que la ampliación de la demanda será presentada el próximo viernes por el exfiscal Guillermo Zúñiga en representación del ministro Roosevelt Thayer.
El Contralor de la República, Gabriel Castro, confirmó la malversación de fondos y materiales de construcción en el PARVIS y reconoció que los auditores de esta dependencia no detectaron estas irregularidades.
Manifestó que hay muchos mecanismos que se pueden utilizar para evadir a los auditores de la Contraloría, a pesar de que se trata de aplicar la mayor cantidad de controles.
La Contraloría de la República instaló una comisión de inspección actuarial, la cual tiene que verificar toda la información elaborada por el Departamento de Control Fiscal y de Auditoría del MIVI sobre las irregularidades en el programa de subsidio.
Los resultados preliminares del áudito efectuado por la Contraloría demuestran que el MIVI desembolsó B/. 41,156.16 para la compra de sacos de cemento, pero los proveedores nunca cumplieron con la entrega de esos materiales.
