MOP ordenará remoción de vallas

EL Ministerio de Obras Públicas (MOP) tendrá ahora la facultad de multar y hasta ordenar la remoción de anuncios publicitarios y otras estructuras ubicadas en la servidumbre que impidan la visibilidad y libre tránsito de conductores en las calles.
Sólo estarán exentas de estas normas las estructuras que son necesarias para la prestación de los servicios públicos.
Esta atribución le fue dada al MOP, luego que el pleno de la Asamblea Nacional aprobara en tercer debate un proyecto de ley que reorganiza la entidad, dándole mayor fuerza coactiva.
Según el ministro del ramo, Carlos Vallarino, el documento lo que hace es darle a la entidad de las normas legales incluso para ordenar la paralización de obras que no se estén ejecutando de acuerdo con los planos aprobados y las normas legales vigentes.
Señaló que al MOP se le deben dar los instrumentos coercitivos para hacer cumplir las normas por cuyo cumplimiento le corresponde velar, ante los hechos de inundaciones por diferentes causas, construcción de edificaciones o colocación de anuncios publicitarios sobre las servidumbres viales y pluviales con consecuencias perjudiciales.
Cabe mencionar que dentro de las modificaciones propuestas a la vigente Ley 35 de 30 de junio de 1978, está permitir que el MOP tenga jurisdicción coactiva para el cobro de las multas que impone por incumplimiento en los contratos de obras
Durante el debate realizado en la Asamblea Nacional, al Ministerio de Obras Públicas se le da la facultad proceder con las sanciones contra las empresas que no acaten las normas en materia de obras, a fin de que no se haga ilusorio su cumplimiento.
El ministro Carlos Vallarino se mostró complacido con el avance logrado en esta materia. Los conductores se quejaban que estas vallas los distraen.
En este proceso, Claudio Borbúa fue aceptado como querellante junto a Manuel Castro Solís y Marcelina Fernández, padre y madre de las víctimas; Vivian Chavarría y Diana Palacios, dos de las viudas.
Igualmente se efectuó en al Ministerio Público una solicitud especial para que Claudio Borbúa sea sometido a un reconocimiento médico legal, como sobreviviente del accidente, ya que estuvo expuesto a la inhalación de los gases tóxicos.
Ahora se investiga el delito contra la vida, el cual se encuentra en la fase de sumarias. La tragedia no acaba, y los Solís Fernández solo piden justicia.
Los hermanos fallecieron producto de inhalación de gases inertes, amoníaco, metano, disulfuro de carbono y dióxido de azufre.
Los trabajadores fueron contratados verbalmente para recoger el sedimento de los desperdicios avícolas que serían llevados a otro lugar.
Los padres de los hermanos Solís piden a las autoridades que terminen el proceso de averiguaciones y así se haga justicia.