Unas 33 familias tienen hasta el 15 de febrero para desalojar el área y exigen que al igual que en Curundú, el Gobierno les ofrezca similares soluciones habitacionales.
Uno de los manifestantes manifestó que son dos de las ocho barracas de Río Abajo las que tratan de demoler y "echar a la gente a la calle como si fueran animales".
Informó, además, que las personas desalojadas están dispuestas a negociar con las autoridades para pagar el precio de la propiedad, ya que reconocen la propiedad privada de los dueños de los inmuebles que ocupan.
Los manifestantes esperan la presencia de la alcaldesa Roxana Méndez, a fin de encontrar una solución al conflicto.
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