Al momento de presentar ayer ante la Asamblea Legislativa un informe a la nación sobre su tercer año al frente del gobierno nacional, la mandataria reconoció que el problema de la percepción de corrupción está “afectando severamente” el desenvolvimiento de todos los sectores de la vida nacional.
No obstante, manifestó que ella personalmente y muchos funcionarios del gobierno han respondido a los señalamientos de corrupción con elementos de convicción suficientemente válidos para desvirtuarlos.
A pesar de esto, las explicaciones o aclaraciones oficiales “caen en oídos sordos, tanto en la prensa, como en las organizaciones civiles a las que parece no interesarles la versión oficial, sino mantener un ambiente negativo que le causa más daño al país que a ella”, afirmó.
Moscoso hizo un llamado a los medios de comunicación y la clase empresarial, a considerar que el país nunca podrá avanzar si se mantiene esa imagen negativa de todo y de todos.
En materia de seguridad, mencionó que fortalecerá el sistema de Vecinos Vigilantes, incluso en el área bancaria y los sectores comercial y pecuario; además habrá seminarios de seguridad contra secuestros, fraudes y otros delitos.
La presidenta destacó en su informe que no existe gobierno alguno que haya superado al actual en la ejecución presupuestaria ni en la cantidad de proyectos en los sectores de salud, sanidad y educación, vivienda, así como desarrollo rural e infraestructura de producción.
En materia económica mencionó que después de muchos meses de niveles negativos de manera sostenida, ya comienzan a ver resultados positivos.
No obstante, invitó al gremio de los industriales a que desarrollen en conjunto un nuevo modelo o que permita ser competitivos en los mercados a los que se integra el país y que se dirija la actividad industrial hacia aquellas áreas donde el país tiene ventajas comparativas.
Mencionó que continuarán los diálogos nacionales sobre diversos temas de interés, “porque menos se equivoca quien más consulta” y en las grandes decisiones nacionales no se puede permitir equivocaciones e imposiciones.
Araúz dijo que actualmente el gobierno de Mireya Moscoso, no ha visto la realidad actual que padece el sector agropecuario.
Los hechos han manifestado que prácticamente “este gobierno no ha trabajado en la línea correcta”, aseveró el presidente de la Cooperativa Agroindustrial de Panamá. Declaró que actualmente no existe una estructura de trabajo seria para el sector primario, por lo que sugirió que cambios integrales en el sector agropecuario en aspectos como la educación, mano de obra y que se le enfatice a los productores que hay que buscar modelos de producción que permitan ser más competitivos.
Para el presidente de la Unión Nacional de Productores Agropecuarios (UNPAP), Luis Benjamín Rosas, Panamá se inserta dentro de la OMC bajo ciertas reglas, donde nuestro país establece un programa de desgravación, que bajará los aranceles paulatinamente durante los próximos diez años.
Asimismo, se establece volúmenes de productos agropecuarios para ocho rubros sensitivos en la economía nacional.
“Mientras se bajaban los aranceles, se iban incrementando los contingentes año tras año”, detalló Rosas.
Resulta que la administración de Pérez Balladares estableció una política de baja de aranceles, que causó una severa crisis al sector primario, porque no existían puntos de referencias firmes para que el sector empresarial pudiera definir una estrategia firme de desarrollo o acción.
222 Atrasos en trámites de importaciones, la mancha blanca y conflictos entre los porcinocultores y los industriales, jalonaron el desarrollo del primer trienio.
Este cambio de aranceles en 1999 -no para todos los rubros-, tuvo la intención de estabilizar inicialmente el sector agropecuario, que a la postre se complementa con la Ley 26 de incentivos industriales. Mientras que la Ley 24, que busca la protección de los productores por inclemencias del tiempo y caída del precio, ha sido fuertemente denunciada por productores de arroz, caso que llegó a la Contraloría General de la República, cuyo informe final permanece en el sueño eterno.
En este caso, la Contraloría General de la República ordenó el áudito general en el ámbito nacional para conocer las irregularidades que se produjeron por la confección de las listas de parte de las autoridades estatales.
Mientras que la Ley 25 de transformación agropecuaria ha sido menos criticada, y pretende generalizar la transformación de una gran cantidad de rubros, que permita la preparación del agricultor para la inminente apertura de mercado. Además la preparación tecnológica que le permita competir en el mercado internacional.
