La ministra de la Presidencia, Ivonne Young, confirmó ayer la revocatoria de la rebaja de pena otorgada recientemente por el Ejecutivo al panameño David Alberto Viteri, condenado a 5 años por un caso de narcotráfico, de los cuales sólo cumplió 14 meses.
El otorgamiento de la rebaja de pena a Viteri ocasionó serias críticas de la oposición, al punto que el legislador del PRD, Miguel Bush, denunció que para la liberación de otros narcotraficantes algunas autoridades cobraron dinero. De acuerdo con Young, el Ejecutivo habló desde la semana pasada de revocar el decreto. "Ustedes conocen cómo se dio el caso, se verificó -durante la investigación posterior- y se comprobó que había documentos que no eran correctos y se procedió a revocar el decreto", enfatizó.
Por otra parte, la defensa de Viteri amenazó ayer con presentar una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, si el Ejecutivo revoca el decreto por el cual se le redujo la pena de prisión. El abogado Carlos Herrera Morán advirtió que Viteri no se entregará a las autoridades y que se encuentra en un lugar seguro hasta que el Ejecutivo tome una decisión definitiva con relación a su caso.
Sostuvo que su cliente ha recibido dos amenazas de muerte, luego de su aparición en público admitiendo que delató a varios grupos de narcotraficantes, por lo que se mantendrá en la clandestinidad hasta que exista una decisión en firme. En tanto la procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher, aseguró que la rebaja de pena a Viteri es susceptible de ser revocada por otro Decreto Ejecutivo, debido a que en este caso se usó documentación falsa para obtenerla.
Aseguró que el artículo 62 de la Ley 38 de julio de 2000 establece la revocatoria de los actos administrativos de las entidades públicas cuando el beneficiario haya incurrido o aportado pruebas falsas para obtenerlo.
La presidenta Mireya Moscoso decidió revocar la rebaja de condena a Viteri, luego que la procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher, emitiera una opinión en la que consideraba que la mandataria debía dejar sin efecto la medida por las irregularidades cometidas en el caso.
