El proyecto de ley por medio del cual se autoriza al Consejo de Gabinete a traspasar a título gratuito terrenos para la conservación de viviendas de interés social fue sancionado ayer por la presidenta de la República, Mireya Moscoso.
Por medio de la ley, se dispone que se beneficiarán con esta norma las viviendas para los sectores del tramo I, las cuales van hasta B/. 8,000 y las de tramo II las cuales van hasta B/. 25,000.
El proyecto de ley fue propuesto por el ministro de Vivienda, Miguel Cárdenas, quien explicó que ya se ha pensado en algunos terrenos como Chilibre, Pacora, Arraiján, Las Cumbres y David.
Según el funcionario, el gobierno no cuenta con los ingresos para la construcción de viviendas de interés social y por esta razón pretende incorporar al sector privado en esta actividad.
Expresó que si el gobierno le otorga a los empresarios los terrenos, se espera que haya una disminución significativa en los precios de venta de este tipo de vivienda, ya que esto se traduce en una reducción en los costos de producción de las viviendas.
A la vez dijo que el gobierno se compromete a garantizar la transparencia en el traspaso de estas tierras, ya que se requiere de un acto público para otorgar estos terrenos, previa autorización del Consejo de Gabinete.
Se dispone en el proyecto que la transferencia podrá ser otorgada a personas naturales o jurídicas, luego de un acto de selección y avisos de convocatoria, en los que el proponente debe explicar el tipo de proyecto que desea desarrollar para luego adjudicarlo al contratista que fije el precio más bajo por vivienda en los términos más favorables para los compradores.
No se ha fijado un precio del costo que tendrán estas viviendas, pero si en la actualidad, la empresa privada construye proyectos de interés social por el orden de B/. 13 mil se espera que al momento que se elimina el costo del terreno tenga una disminución significativa.
Como otro aliciente, se establece que los bienes inmuebles a los que se refiere esta ley, estarán exentos del pago de tributos, salvo las tasas causadas por la prestación de servicios públicos.
