La presidenta de la República, Mireya Moscoso, firmó ayer un Compromiso Nacional por la Seguridad Social donde se reafirmó su intención de no privatizar la Caja de Seguro Social (CSS) y sus servicios.
En el acto sirvieron de testigos los representantes del Consejo Ecuménico Nacional, encabezados por José Dimas Cedeño, arzobispo de Panamá, Iglesia Católica; Julio Murray Thomas, obispo de la Iglesia Episcopal de Panamá; Pablo Morales Vega, obispo de la Iglesia Evangélica Metodista y Mario Nicolás, obispo de la Iglesia Metodista de las Américas y el Caribe. Así como también, José Luis Lacunza, presidente de la Conferencia Episcopal Panameña; Néstor Jaén, presidente del Comité Ecuménico de Panamá y Elizabeth Fong, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Moscoso rechazó la frase promovida por los obreros sobre la CSS "Arnulfo la construyó y Mireya la destruyó" y argumentó que jamás permitirá que esto suceda.
En tanto, el arzobispo de Panamá, José Dimas Cedeño manifestó que serán garantes de la firma y que se respete la no privatización de la CSS.
Cedeño hizo un llamado a toda la población para que de continuar con las protestas lo hagan dentro de un clima de cordura y evitando la violencia.
"Yo francamente no puedo entrar en la mente de cada uno, porque cada quien tiene derecho a manifestarse, manteniendo la cordura y evitando la violencia, porque la violencia, genera mal sobre mal", recalcó.
Por su parte, los gremios del sector privado del país expresaron ayer en conferencia de prensa que no tienen ninguna intención de privatizar la CSS.
Raúl Del Valle, presidente de la Cámara de Comercio, reiteró que mantienen su compromiso de seguir apoyando los esfuerzos para racionalizar los gastos de la entidad y hacer efectivo el cobro de los ingresos que legítimamente le corresponden, incluyendo el cobro de la morosidad en las cuotas obrero-patronales.
Los empresarios hicieron un llamado a la cordura e invitaron a todos los sectores a evitar toda actitud de confrontación y a través del Diálogo Nacional por el Seguro Social buscar alternativas de solución a la crisis de la institución.
Agregaron que cada día que pasa de protestas y paro afecta la economía en B/.20 a B/.30 millones que se dejan de percibir, situación que no es conveniente cuando se habla de reactivar el país.
Sobre el llamado a huelga del próximo martes, Manuel Vallarino, presidente de la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC), señaló que debe ser la última decisión que se adopte en un conflicto y pidió a los obreros dejar trabajar a aquéllos que sí lo deseen.
"Toda protesta debe estar acompañada de la tolerancia y eso es lo que pedimos a los manifestantes", enfatizó Vallarino.
Al respecto el sector obrero del país, liderado por Mariano Mena de la Central General de Trabajadores de Panamá y miembro del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CoNATO), denunció que no confían en la promesa de la presidenta de la República y prueba de ello, es que uno de los testigos del pacto le adeuda B/.200 mil a la CSS.
Señaló que el obispo Julio Murray de la Iglesia Episcopal le adeuda B/.200 mil en concepto de cuota obrero-patronal a la institución. Denunció la existencia de fundaciones canalizando fondos para brindar servicios de salud como es la Fundación Mar del Sur y la del Instituto Conmemorativo Gorgas.
Al paso del presupuesto elaborado por la nueva administración de la CSS, el separado director Juan Jované manifestó que teóricamente ya existen servicios privatizados como es la administración del Hospital San Miguel Arcángel, y un préstamo entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Gobierno por B/.24 millones para invertir en atención primaria, pero bajo organizaciones no gubernamentales.
Indicó que el presupuesto está inflado porque los ingresos no son reales, y aclaró que muchas veces acudió al Banco Nacional de Panamá para ver cómo era posible prestarle dinero a jubilados y productores a través de una banca de segundo piso y nunca fue posible.
"Todo se metió en un solo bulto de inversiones financieras, tengo la impresión que se utilizarán B/.265 millones para comprar deuda pública ahora le llaman letras o notas del tesoro", añadió. Sustentó que es inapropiado que se utilice esa magnitud de fondos para financiar al Estado.
Denunció que sí se aplicaron recortes a renglones importantes como es el Programa de Enfermedad y Maternidad en B/.9 millones, donde se redujo B/. 3 millones en medicamentos y se trasladó parte de los gastos de medicamentos para el otro año.
Explicó que los viáticos para no funcionarios (que son pacientes que venían del interior) se bajó y el gasto de traslado de pacientes al exterior, lo que significa que si alguien le sale la posibilidad de un trasplante no habrá fondos para ello.
El presupuesto presentado por el director encargado Rolando Villalaz establece un incremento en la rentabilidad de las inversiones de 2.3% a 6.5%; o sea B/.17.7 millones; en B/.25 millones la morosidad y el aporte del Estado a Invalidez, Vejez y Muerte de B/.20.5 millones a B/.33.5 millones, basado en el artículo No.2 de la Ley 20 de 12 de agosto de 1992. Por su parte, el director encargado de la CSS, Rolando Villalaz, dijo que gran parte de los ajustes ya estaban hechos por B/.54 millones, únicamente tuvo que aplicarlos por B/.46 millones en áreas donde se pueden hacer ahorros, como servicios personales y sobretiempos de administrativos. Sin embargo, se garantizó que no se afectarán los servicios de salud, medicamentos y las prestaciones económicas.
"Vamos a disminuir las infraestructuras físicas y reforzar los puntos del artículo 37 de la Ley Orgánica, vamos a invertir en todas las cosas que la ley nos permite", apuntó. Reconoció que dentro de las posibilidades se podrían comprar Letras del Tesoro, banca de fomento y depósitos a plazo fijos más largos.
