Un nuevo enfrentamiento entre la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo podría darse después del próximo 1 de marzo, luego que la presidenta de la República, Mireya Moscoso, vetara un proyecto de ley No. 95 que modifica la Ley de Universalización de Incentivos a la Producción.
El Ejecutivo, al devolver el proyecto a la Asamblea, plantea que el artículo primero es inconveniente debido a que la definición de materia prima expuesta, es sumamente restrictiva.
Dispone que no son materias primas los insumos que no sufran una "transformación sustancial" que los convierta en un "producto diferente", lo que equivale a encarecer los costos de producción de las industrias y a disminuir sensiblemente o anular, totalmente, su capacidad de competir con los productos terminados importados.
Agrega que la modificación entorpecería la creación de nuevas industrias cuyos procesos de producción utilicen insumos que no sufran una transformación sustancial, pero que sí implican un valor agregado importante que conviene que se genere en el territorio nacional.
Sostiene que el criterio de "transformación sustancial" puede perjudicar la capacidad de negociación de Panamá en los tratados de libre comercio que actualmente se llevan a cabo con los países centroamericanos, México y Chile.
Moscoso advierte que el artículo 2 del proyecto, además de ser inconveniente, es inexequible, pues modificar la competencia de los ministerios de Desarrollo Agropecuario y de Comercio e Industrias, sólo es posible a propuesta del Ejecutivo, como lo establece la Constitución Nacional en su artículo 153 numeral 12.
El proponente del proyecto, el legislador oficialista Sebastián Peralta, expresó que con el veto de este proyecto el Gobierno le ha vuelto a "dar la espalda a los campesinos y a apoyar a los sectores poderosos que representan los industriales".
Peralta indicó que los legisladores van a aprobar este proyecto por insistencia el próximo período de sesiones ordinarias que se inicia el 1 de marzo próximo.
