El Ministerio Público (MP) ha dejado de lado la investigación sobre Odebrecht, que involucra a funcionarios, allegados y al propio presidente Juan Carlos Varela, para intentar desviar la atención con el caso de la compra del Grupo Epasa .
Algo que ha quedado demostrado con las actuaciones de la procuradora de la nación, Kenia Porcell, la cual ha investigado con celeridad el caso de Grupo Epasa, mientras que con Odebrecht es más cautelosa e incluso se acoge a la reserva del sumario.
La procuradora ha evitado investigar a Active Capital Holding, vinculada al expediente, porque está representada por Juan Antonio Niño y su esposa, Margarita de Niño, cuñada del diputado José Luis "Popi" Varela, hermano del presidente de la República, Juan Carlos Varela.
Porcell también ha sido tímida al investigar a la firma forense Rosas & Rosas, relacionada directamente con el diputado panameñista Jorge Rubén Rosas y que recibió más de dos millones de dólares.
Esto en una clara demostración de justicia selectiva, con la que condena a los opositores y protege a los allegados y amigos, como han señalado actores de la sociedad civil panameña.
En un claro ejemplo de esto, a principios de esta semana, la procuradora Porcell sentenció a Epasa sin que haya habido audiencia o se hayan comprobado los delitos que ella alega.
Para el abogado y catedrático Miguel Antonio Bernal, el MP jamás ha tenido la menor intención de investigar a Odebrecht y "no lo va hacer porque su papel está politizado y por instrucciones del Ejecutivo va a encubrir los actos delictivos de esta empresa".
Según Bernal, para esto el MP está procediendo a toda una serie de medidas "diversionistas" para hacer ver a la opinión pública que están persiguiendo determinados delitos y para ello están llevando a indagatoria a diversas personas.
A su juicio, la investigación que involucra a Grupo Epasa "es polvo para los ojos porque la mayoría de la población no está al tanto de la gravedad y el daño que significa Odebrecht".
Bernal indicó que por las actuaciones de la procuradora Porcell, le interpuso una denuncia criminal, pero hasta el momento no ha habido por parte de la Procuraduría de la Administración, que lidera Rigoberto González, un informe de actuación sobre la misma.
Misteriosamente, la procuradora Porcell envió de vacaciones por seis meses a Marcelino Aguilar, quien estaba al frente de la Fiscalía Primera de Delincuencia Organizada e instruyó el expediente sobre la compra de Grupo Epasa en 2010.
Según expertos, las vacaciones de Aguilar forman parte de una fórmula para sacarlo del radar de los cuestionamientos ante el proceso que ha sido calificado como un plan que busca silenciar a los diarios Crítica, Panamá América y Día a Día.
Según experto, en el caso de Grupo Epasa no se puede hablar de un delito precedente en la adjudicación de una determinada obra cuando existe una licitación, ya que esto lo permite la ley.
Una manera de sustentar un delito contra la administración pública es a través de las auditorías de la Contraloría General de la República, y "no sé si existe alguna de la ampliación de la autopista Arraiján ? La Chorrera, eso lo ha dicho la jurisprudencia", manifestó un jurista al ser consultado sobre las investigaciones que se le siguen a Epasa. El expediente sobre la autopista se inició en septiembre de 2015, con base en la copia de una auditoría realizada por la Asamblea Nacional.
