SIDA y se encuentran en un estado en el que debe prevalecer "la situación de enfermo antes de la de preso", señala un informe de la Fundación de Apoyo al Detenido que han ignorado las autoridades.
Pero, contrario a lo sucedido con el ex gerente del Banco Nacional de Panamá, Rafael Arosemena, sus solicitudes de "depósito domiciliario u hospitalario", que establece la legislación penitenciaria al padecer de una enfermedad terminal, han sido negados por el Sistema Penitenciario.
Gilma Morelo de Foster es una de las desafortunadas. Ella fue condenada a 60 meses de prisión en el Centro de Rehabilitación Femenina y aunque padece de artritis, problemas respiratorios y pulmonía, le han negado la salida "urgente" en varias ocasiones.
Javier Justiniani, presidente de la Fundación Apoyo al Detenido, pidió a las autoridades un trato igual a los procesados, independientemente que algunos tengan "saco y corbata" o que llegen con un abogado influyente.
La Defensoría del Pueblo, una vez reciba la queja del reo con enfermedad crónica, realiza una investigación que envía posteriormente al Sistema Penitenciario.
